WASHINGTON.- La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará entre este viernes 10 y el martes 14 de julio una misión a República Dominicana y a Haití, ante la crisis migratoria entre estas dos naciones vecinas.
Estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, e integrada además por Gabriel Bidegain, asesor del Secretario General y representantes del organismo hemisférico radicados en Santo Domingo.
La misión, anunciada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un Consejo Permanente especial la semana pasada, comienza este viernes en Santo Domingo y termina el martes en Puerto Príncipe.
“El objetivo es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus de lowls inmigrantes, porque no podemos olvidar que los inmigrantes, más allá de su situación legal, tienen los mismos derechos que todas las personas”, dijo Almagro en el segundo Consejo Permanente especial de la OEA sobre la crisis entre Haití y República Dominicana.
La semana pasada, el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, defendió ante la OEA que “el número de casos de apátridas” derivados de la política migratoria de su país “es cero”.
Este míércoles su homólogo haitiano, Lener Renauld, pidió ante el Consejo Permanente de la OEA la intervención internacional en esta crisis para evitar una “catástrofe humanitaria” que alegadamente podría constituir una “amenaza para la seguridad nacional” y desestabilizar el país en año electoral.
“Solicitamos la intervención solidaria de todos los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la República Dominicana entre en razón y de un trato más humano a los inmigrantes haitianos”, afirmó el canciller.
Renauld subrayó la disposición de su Gobierno al diálogo con República Dominicana para encontrar una solución a esta crisis y evitar “las deportaciones masivas que dividirían familias nucleares”.
El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, una cifra que se suma a las otras 8.755 personas que se adhirieron a una ley de naturalización, concluida meses antes.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación.
Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano.
Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos con el nuevo plan migratorio.
El Gobierno dominicano ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que Haití no otorgó los documentos de identidad a miles de sus ciudadanos cuando tuvo toda la oportunidad de hacerlo.
Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Hicieron caso omiso a llamado
Debido a la presencia ilegal de más de un millón de haitianos y personas oriundas de otros países en su territorio, la República Dominicana adoptó medidas, entre ellas es un Plan de Regularización, para dotarlos de documentos, siempre y cuando lo soliciten y cumplan mínimos requisitos.
Durante 18 meses las autoridades dominicanas estuvieron, por distintos medios, llamando a los extranjeros a que se acogieran a dicho Plan, bajo amenazas de que deportarían a los que no hicieran. Cumplido este plazo sólo 88 mil acogieron el llamado y el resto ha quedado en situación de ilegalidad.
Se oponen a repatriaciones pero no los aceptan en EE.UU.
Funcionarios haitianos y activistas norteamericanos se oponen a que se produzcan las repatriaciones anunciadas por la República Dominicana, a pesar de que no pusieron ninguna resistencia cuando el gobierno de los Estados Unidos expulsó hace varios meses cientos de niños centroamericanos que ingresaron a este país ilegalmente.
Mensualmente, además, Estados Unidos devuelve a sus países a cientos de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que entran ilegalmente a este país, pero los funcionarios, activistas ni organismos internacionales emite ninguna condena.
Estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, e integrada además por Gabriel Bidegain, asesor del Secretario General y representantes del organismo hemisférico radicados en Santo Domingo.
La misión, anunciada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un Consejo Permanente especial la semana pasada, comienza este viernes en Santo Domingo y termina el martes en Puerto Príncipe.
“El objetivo es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus de lowls inmigrantes, porque no podemos olvidar que los inmigrantes, más allá de su situación legal, tienen los mismos derechos que todas las personas”, dijo Almagro en el segundo Consejo Permanente especial de la OEA sobre la crisis entre Haití y República Dominicana.
La semana pasada, el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, defendió ante la OEA que “el número de casos de apátridas” derivados de la política migratoria de su país “es cero”.
Este míércoles su homólogo haitiano, Lener Renauld, pidió ante el Consejo Permanente de la OEA la intervención internacional en esta crisis para evitar una “catástrofe humanitaria” que alegadamente podría constituir una “amenaza para la seguridad nacional” y desestabilizar el país en año electoral.
“Solicitamos la intervención solidaria de todos los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la República Dominicana entre en razón y de un trato más humano a los inmigrantes haitianos”, afirmó el canciller.
Renauld subrayó la disposición de su Gobierno al diálogo con República Dominicana para encontrar una solución a esta crisis y evitar “las deportaciones masivas que dividirían familias nucleares”.
El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, una cifra que se suma a las otras 8.755 personas que se adhirieron a una ley de naturalización, concluida meses antes.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación.
Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano.
Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos con el nuevo plan migratorio.
El Gobierno dominicano ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que Haití no otorgó los documentos de identidad a miles de sus ciudadanos cuando tuvo toda la oportunidad de hacerlo.
Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Hicieron caso omiso a llamado
Debido a la presencia ilegal de más de un millón de haitianos y personas oriundas de otros países en su territorio, la República Dominicana adoptó medidas, entre ellas es un Plan de Regularización, para dotarlos de documentos, siempre y cuando lo soliciten y cumplan mínimos requisitos.
Durante 18 meses las autoridades dominicanas estuvieron, por distintos medios, llamando a los extranjeros a que se acogieran a dicho Plan, bajo amenazas de que deportarían a los que no hicieran. Cumplido este plazo sólo 88 mil acogieron el llamado y el resto ha quedado en situación de ilegalidad.
Se oponen a repatriaciones pero no los aceptan en EE.UU.
Funcionarios haitianos y activistas norteamericanos se oponen a que se produzcan las repatriaciones anunciadas por la República Dominicana, a pesar de que no pusieron ninguna resistencia cuando el gobierno de los Estados Unidos expulsó hace varios meses cientos de niños centroamericanos que ingresaron a este país ilegalmente.
Mensualmente, además, Estados Unidos devuelve a sus países a cientos de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que entran ilegalmente a este país, pero los funcionarios, activistas ni organismos internacionales emite ninguna condena.
(Fuente: almomento.net)
Misión OEA visitará desde el viernes a República Dominicana y Haití
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jueves, julio 09, 2015
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