Siguen contradicciones sobre quien debe tener el control de la DNCD

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó ayer que por mandato constitucional la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) debe estar adscrita al Ministerio Público, que es la entidad oficial responsable de todas las investigaciones nacionales.“Yo tengo mucho respeto hacia el general Rosado Mateo, mucho, mucho respeto. Sin embargo, la nueva Constitución de la República ha establecido claramente que cada una de las direcciones generales o cualquier tipo de dependencia debe estar adscrita a un ministerio… no es absurdo, yo creo que tal vez no entendió bien el director e hizo un señalamiento, pero la idea es que vaya en esa línea”.

Entrevistado por Esteban Delgado, subdirector de elCaribe, y la comunicadora Elisa Mariot en el almuerzo  semanal de Multimedios del Caribe, Domínguez Brito consideró que lo lógico es que ese organismo de combate al narcotráfico sea parte de la Procuraduría, que es la responsable de las investigaciones y no la Presidencia de la República, que inició un proceso de desmonte de las dependencias que deber estar adscrita a los ministerios.

Recordó que de manera funcional la dirección de toda las política contra las drogas están a cargo del Ministerio Público.

“Esa discusión, que la he seguido con mucho interés, no debe darse en esa forma porque administrativamente en término de a quién debe estar adscrito, ya eso debe dejar de ser de la Presidencia de la República para pasar a la Procuraduría”, dijo.

Adelantó que en los próximos días el presidente Danilo Medina anunciará un programa de reformas que comprende la nueva Ley de la Policía que va dirigida a diferenciar a la Policía uniformada preventiva de la investigativa para que los roles sean más acorde con la solución de los problemas que tienen a su cargo.

Vincho califica como absurda propuesta que hiciera Finjus de que la DNCD sea dependencia del MP

El asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo, calificó como absurda la propuesta que hiciera el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, de que la Dirección Nacional de Control de Drogas sea una dependencia del Ministerio Público.

Castillo dijo que no es cierto que la constitución establezca ese mandato y que en su artículo 260 declara de alta prioridad nacional la posibilidad de que las Fuerzas Armadas combatan todo lo que sea un ataque a la salud nacional, y que la droga es la peor de los ataques.

“En las Fuerzas Armadas están trabajando de conjunto con la Marina, la Policía, la Fuerza Aérea, la Dirección y están haciendo hallazgos importantísimo con el apoyo logístico de los Estados Unidos. Yo me pregunto ¿la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) va a trabajar con los fiscales de aquí?, No, por Dios, eso es un figureo”, expresó

El también director general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) exhortó a  Finjus  a coger  cabeza, tras alegar que ellos fueron los actores responsables de la precipitación de poner en vigencia el Código Procesal Penal en el 1997.

“Ellos no están contentos ni con el grado de intervención ni con el gobierno de Danilo Medina, porque el gobierno de Medina fue para ellos una contrariedad enorme. Cuando ellos están inconforme quieren remover las cosas”, apuntó

Consideró que La Procuraduría de la República tiene que aumentar su presencia, asistencia y apoyo a la supervisión legal de los procedimientos, porque el  responsable de la eficiencia o ineficiencia del desempeño en la lucha antidroga es el jefe de estado.

Dijo que la propuesta es imprudente, y que quizás no se dan cuenta que están haciendo daño a las instituciones nacionales.

“No podemos desgarrar las instituciones nacionales, lo que hay que hacer es aumentar la presencia militar;  a los cuerpos armados les he dicho siempre  que esa dirección se creó como un cuerpo elite donde se ha fallado es que no se han enviado mejores oficiales, y muchas veces, durante décadas, han enviado muchos desechos, inservibles”, apuntó

Castillo habló previo a su intervención en taller de Seguimiento De Los Compromisos Del Gobierno Abierto en el club de Obras Públicas.

En su ponencia Castillo dijo que el Gobierno Abierto es una iniciativa mundial que busca impulsar compromisos concretos de los gobiernos para aumentar los niveles de transparencia, combatir la corrupción y promover el uso de la tecnología de la información como herramienta para el fortalecimiento de la gestión pública, aumentando el acceso a la información pública completa, veraz y oportuna para la ciudadanía.

Destacó que el Gobierno Abierto permite la participación de la sociedad civil en la elaboración de propuestas para el diseño de políticas públicas de transparencia.

(Fuentes: El Caribe/ Listín Diario)