La interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de
responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en terceros
países "no es congruente" con la Convención Internacional sobre
Prevención de la Tortura, de la que forma parte, concluyó el Comité.
El Comité recordó al Vaticano que la Convención le obliga a ser
responsable de los actos de las personas que trabajan para él y "sobre
las que ejerzan control", sin tener en cuenta donde éstas ejercen su
función.
"El Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus
funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado.
Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los
funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el
extranjero", agregó.
El Vaticano se sometió al escrutinio del Comité los pasados 5 y 6 de mayo.
En ambas ocasiones, el argumento de su representante permanente ante las
Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, fue que, desde el punto de
vista legal, la Santa Sede carece de jurisdicción -y por tanto, de
responsabilidad- sobre los miembros del clero que puedan haber cometido
delitos diversos, como abusos sexuales de menores.
Tomasi afirmó que la Convención sólo se puede aplicar a lo que suceda en
la Ciudad del Vaticano y a los funcionarios que trabajan exclusivamente
en dicho territorio.
El Comité no sólo entendió que ésta interpretación es errónea, sino que
solicitó al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a
los principios del tratado.
"El Comité invita al Estado parte a que revise su interpretación y que la reinterprete o la retire", demandó.
Asimismo, el grupo de expertos del Comité de las Naciones Unidas
mencionó específicamente la obligación de la Santa Sede de "evitar que
sus funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o
que consientan la acción de tales violaciones".
En caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité solicitó
al Vaticano que "se asegure" de que una vez conocidos los hechos, la
persona investigada "sea suspendida de sus funciones inmediatamente para
evitar la posibilidad de más abusos o intimidaciones a las víctimas".
Específicamente, pidió que los clérigos que estén bajo investigación no
sean trasladados a otro destino como forma de evitar ser investigados y
eventualmente castigados.
"A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones,
incluidas el despido de sus servicio como clérigos", solicitaron los
expertos.
Asimismo, en sus conclusiones pidieron a la Santa Sede que se asegure de
que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades
civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos "para
facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores".
Además, el Comité instó a que se revisen los concordatos del Vaticano
con terceros países para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar
abusos o proteger a acusados.
Con respecto a las víctimas, solicitó que todas ellas obtengan una
reparación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante
la Justicia.
Por otra parte, los expertos conminaron a la Santa Sede a crear un
mecanismo de quejas para que las víctimas puedan denunciar abusos.
Finalmente, el Comité hizo en sus conclusiones mención explícita al caso
del exnuncio de la República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski
-quien supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con
menores-, y demandó a la Santa Sede que investigue el caso "con
prontitud" y le informe al respecto.
La ONU pide al Vaticano responder con prontitud en el caso de exnuncio Jozef Wesolowski
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viernes, mayo 23, 2014
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