Pese a presión diplomática, ejecutan a mexicano Edgar Tamayo en Texas

HOUSTON, Texas.— A las 9:32 p.m. un silencio rotundo invadió al público congregado en las afueras de la Unidad de las Paredes en la cárcel de Huntsville.

Quince minutos antes, el mexicano Edgar Tamayo Arias había recibido  la inyección letal a pesar  de las súplicas y la presión diplomática del Gobierno mexicano y del Departamento de Estado.

Pero más que un cierre, la ejecución de Tamayo reabre una nueva fase de las ejecuciones de la pena capital para las personas involucradas en el caso “Avena”, quienes no recibieron asistencia consular al momento de ser juzgados.

Actualmente son  267 personas esperando la pena de muerte en Texas, entre ellos 78 hispanos y la siguiente ejecución de un latino se realizará el 9 de abril, cuando sea  Ramiro Hernández, quien enfrente la justicia del  estado sureño.

Tamayo tenía 46 años y desde los 26 había ingresado al sistema carcelario de Texas, tras la muerte del policía Guy Gaddis ocurrida la noche del 31 de enero de 1994.

“Edgar es inocente, inocente, inocente”, dijo su tía Margarita Tamayo a las afueras de la prisión de Huntsville, mientras esperaban el fallo de la Corte Suprema que a último minuto aceptó revisar el caso, pero se negó a suspender la ejecución . Ninguno de sus familiares estuvo con él en el momento de su ejecución.

Durante la mañana de ayer Tamayo se había reunido  por última vez con su familia, entre ellos sus padres y dos hijas. Cada paso de sus últimas horas de vida fue grabado,  desde sus cortes de pelo hasta sus duchas.

Angustiosa espera

Los familiares de Tamayo esperaron un milagro hasta último minuto, pero él parecía más entregado a su destino.

De acuerdo al vocero de la cárcel de Huntsville Jason Clark, él aseguró que “estaba listo y 20 años ya era demasiada espera”.

Mientras familiares y personas que llegaron a dar su apoyo a Tamayo cantaban y rezaban un grupo de policías comenzó a dar vueltas por la cárcel de Huntsville, haciendo sonar intensamente sus motores primero en señal de protesta por el retraso en la ejecución y, despues, celebrando el fallo de la Corte Suprema.

Entre los familiares del oficial Guy Gaddis que estuvieron presentes en la ejecución de Tamayo se encontraba   su madre Gayle, sus hermanos Russell y Gary,  además de su cuñada Angela. En total 31 personas fueron testigos de la ejecución.

El policía James Koteras los esperaba afuera junto a otros agentes que llegaron especialmente a dar apoyo a la familia. Él trabajó con Gaddis. “Fue un oficial brillante y un muy buen hombre. Una excelente persona, siempre con una sonrisa en su cara, siempre feliz, bueno para contar chistes”, recordó.

Cerca de las 5:30 p.m. un grupo de personas rezaba en la acera. “Dios dale fuerza a la familia de Edgar, no perdemos la esperanza, tú lo puedes todo”, decían. Tomasa Tafoya, de Miacatlán era parte del grupo.

“Es un momento demasiado difícil para todos”. dijo visiblemente afectada Grace Tamayo, tía del acusado, quien esperaba también el desenlace afuera de la prisión.

Rechazo a apelaciones

Los abogados de Tamayo y el Gobierno mexicano  alegaron  que su caso no se desarrolló debidamente porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.

La asistencia legal garantizada bajo el acuerdo podría haber revelado evidencia para evitar la pena capital por homicidio o proporcionado evidencia para evitar su ejecución, según funcionarios mexicanos. Los registros muestran que el consulado se enteró del caso hasta que el juicio estaba a punto de comenzar.

Los abogados de Tamayo recurrieron a la Corte Suprema después que la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito consideró que una apelación según la cual Tamayo era mentalmente deficiente y por lo tanto no cumplía los criterios para ser ejecutado fue presentada demasiado tarde.

La Junta de Perdón y Libertad Condicional de Texas rechazó el martes el pedido de clemencia de Tamayo.

Mexicanos condenados a muerte

Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos sólo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.

“Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó”, reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.