SANTO DOMINGO.- El Departamento Legal de la Red de Encuentro Dominico
Haitiana Jacques Veau (REDHJV) justificó su decisión de llevar a la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos sus denuncias sobre la
“negativa” de la JCE a entregar sus documentos legales a 80 dominicanos
de ascendencia haitiana.
En una carta a la redacción de ALMOMENTO.NET, la entidad indica
critica la reciente sugerencia del organismo electoral a la Cancillería
de que proteste ante el CIDH” por el otorgamiento de medidas cautelares a
favor de esa personas.
La carta:
El texto íntegro de la misiva es el siguiente
Santo Domingo, Distrito Nacional.
28 de Junio 2013.
Señor
Director de Redacción
Su despacho.-
Distinguido señor:
El Departamento Legal de la Red de Encuentro Dominico HaitianaJacques
Veau (REDHJV) y sus Organizaciones aliadas, tienen a bien expresarle lo
siguiente:
El día25 del presente fue publicada en este diario la
informacióntitulada “JCE sugiere a Cancillería protesta al CIDH”, en
referencia al otorgamiento de Medidas Cautelares a favor de 80
dominicanos de ascendencia haitiana, 48 adultos /as y 32 niños/as.
En relación a esa información los abogados de la Red de
EncuentroDominico Haitiana Jacques Veau (REDHJV), estamos en la
obligación de formular las debidas aclaraciones porque entendemos que el
Dr. Roberto Rosario Márquez está mintiendo a la opinión pública, ha
faltado a la verdad y no quiere asumir su responsabilidad frente al
problema provocado por su gestión como Presidente de la Junta Central
Electoral.
Desde hace varios años la Junta Central Electoralse ha dado a la
tarea de inhabilitar y negar la entrega de las actas de nacimiento y las
cedulas de identidad y electoral a miles de personashijas de
inmigrantes haitianos nacidos en la Republica Dominicana con
anterioridad a la actual constitución, es decirlos ha “desnacionalizado”
de hecho.
La respuesta dada por las personas víctimas de este hecho ha sido
hacer uso del derecho constitucional de recurrir ante los tribunales
nacionales en procura de que le sean tutelados sus derechos de los
cuales son titulares y que los mismos han sido violados poruna entidad
estatal (JCE).
Como recordaran el año pasado varios tribunales evacuaron sentencia
en materia Constitucional de Amparo acogiendo las demandas o
rechazándolas.
En unas favorecieron a los ciudadanos/as en otros favorecieron a las pretensiones de la Junta Central Electoral.
En ese sentido, la Junta Central Electoral, desacato las decisiones
que le obligaban a entregar las documentaciones, y las recurrió en
Casación ante la Suprema Corte de Justicia de manera errónea o, en
revisión ante el Tribunal Constitucional.
Del mismo modo los ciudadanos accionantes, recurrieron en revisión
ante el Tribunal Constitucional todas las decisiones desfavorables.
Sin embargo,un año después de haber sido interpuestos los recursos de
revisión ante el Tribunal Constitucional, este alto Tribunal no se ha
pronunciado, incurriendo en violación de su propia ley orgánica en
perjuicio de losrecurrentes y recurridos.
Aquí, dejamos establecido dos cosas;
a).- Que los 48 dominicanos y dominicanas han sido privados/as
arbitrariamente y en violación a la Constitución de la Republica por la
JCE, dado que son personas nacionales Dominicanos, nacidos y registrados
en las oficialías del Estado Civil, con derecho a portar su acta de
nacimiento y sus cedulas de identidad y electoral y otros derechos
civiles y políticos fundado en criterios discriminatorios, es decir
alegando que sus padres son inmigrantes haitianos residentesilegales.
b).-Que, todos esos casos fueron judicializados en la jurisdicción
interna, en donde los accionantes y la Junta Central Electoral
estuvieron presentes y tuvieron la oportunidad de depositar sus pruebas y
los alegatos de lugar.
c).-Que la tardanza del Tribunal Constitucional de decidir en
relación a 64 recursos de revisión que en fechas variadas fueron
interpuestos y transcurrido un año esta jurisdicción no ha resuelto
enrelación a ello, incurriendo en una desprotección judicial y violación
al debido proceso.
¿Por qué recurrimos ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para solicitar Medidas Cautelar a favor de los 48 dominicanos/as
y sus 32 niños/as a quienes le fueron retenidos e inhabilitados sus
documentos por la JCE?-
Frente a la situación de desprotección jurídica total por parte de la
jurisdicción interna, combinado con la ausencia de documentación y la
amenaza de la JCE, de desconocerlo como dominicanos con la agravante de
que varios de ellos se encuentran en el listado de los 22, 673
expedientes que serían tramitados a la Dirección General de Migración;
es de entender que estaba configurada la amenaza de ser deportados en
cualquier momentos.
Esto está claro, resulta que frente a la resistencia del Estado
Dominicano, expresada en primer lugar por la Junta Central Electoral de
retener e inhabilitar las actas de nacimientos y cedulas de identidad y
electoral de esos dominicanos y dominicanas, los cual constituye un acto
arbitrario e ilegal que viola derechos fundamentales a esas personas,
combinado con la actitud de varios tribunal civiles que negaron la
protección y sumaron en la desprotección y la violando el debido
proceso; lo peor es que el Tribunal Constitucional ha incurrido en el
vicio de agravar la situación de los-as afectadas al tardar cerca de un
año en rendir su decisión.
Por lo que las medidas cautelares fueron solicitadas enfecha 28 de
agosto 2012. En fecha2 de octubre 2012, la Comisión comunicó al estado
solicitando información en relación al asunto y nos pidió también a
nosotros que les remitiéramos informaciones fundadas que justifiquen
dichas medidas. Esas respuestas les fueron depositadas a la Comisión en
fecha 2 de octubre 2012. Por lo que estamos muy seguros que hubo un
intercambio de información entre la Comisión Interamericana y el Estado
Dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep.
Dom.
La Comisión Convoco a los representantes de las víctimas y al Estado a
una audiencia de trabajo (privada), celebrada el día 13 de marzo del
presente año. Allí ocurrió lo siguiente:
Los representantes de los solicitantes de las medidas cautelares
probaron sus alegatos ante la Comisión IDH.Pues el Estado Dominicano,
representado allí por la miembro de la JCE, Dra. Rosario Graciano, el
Alexis Diclo Garabito, Consultor Jurídico, el Embajador ante la OEA,
señor Roberto Saladin y Otros funcionario del Estado Dominicano. El
Estado Dominicano conoció a tiempo todas las informaciones probatorias, y
en la audiencia privada tubo la debida oportunidad de responder
nuestros alegatos.
En esa audiencia, la JCE, formulo sus pretensiones, se quejo de los
casos que llegaban a la Comisión y fue la Dra. Graciano quien se
comprometió ante la Comisión IDH de suministrar el listado de los 22,673
expedientes que habíamos denunciados ese día en la audiencia.
La JCE, no pudo probar sus pretensiones y tampoco pudo destruir
nuestros alegatos. A la salida, la Dra. Graciano se puso a disposición
de hacer un encuentro para discutir la situación, y nunca tuvo tiempo de
reunirse con nosotros a pesar de habernos comunicados vía telefónica
para esos fines.
Señor director, el Dr. Roberto Rosario Márquez, miente, y pretende
manipular a la opinión pública y a la sociedad dominicana cuando dice
que la Comisión IDH, hizo un manejo inadecuadamente del expediente de
los 48 casos de nacionales y descendientes de haitianos, sin permitir
que la parte dominicana se pronunciara sobre ellos.
Esto me parece ser un manejo torpe del presidente de la Junta Central
Electora debido a que, el procedimiento interamericano, es activo, las
partes permanentemente les son comunicadas todas las informaciones que
les son tramitadas a la Comisión, y todo el mundo se defiende y formulas
sus argumentos dentro del plazo que de igual manera les son conferidos a
las partes, y el Estado Dominicano, formuló e hizo los reparos a todas
nuestros argumentos. Ahora en la defensa ante los tribunales, los Plazos
son fatales cuando no son cumplidos.
Que ciertamente, son 48 casos de dominicanos (todos debidamente
registrados en los libros correspondientes del Estado Civil)
descendientes de inmigrantes haitianos y los sus 32 hijos/as (quienes no
han podido ser inscritos por disposición de Roberto Rosario) los cuales
han sufrido y siguen sufriendo agravios por las múltiples violaciones
de sus derechos fundamentales a que han sido sometidos por el Estado
Dominicano. En ese sentido, Roberto Rosario Márquez, no ha tenido la
delicadeza de explicarle a los medios de comunicación y a la sociedadla
seriedad de la situación.
La Comisión Interamericana, acostumbra a tomar las decisiones de este
tipo, en un plazo no mayor de 30 días. Recordemos que las medidas
cautelares concedida por la Comisión en relación al Caso Juan Almonte
Herrera y otros Vs. Republica Dominicana, año 2010. Sin embargo, como
podemos ver la Comisión IDH, recibió la solicitud de Medidas Cautelar el
28 de agosto 2012, en octubre recibió informaciones adicionales de
manos de los representantes de los solicitantes, y el 13 de marzo 2013
celebró una audiencia privada con las partes,y aproximadamente tres
meses después otorga las medidas. Esto significa que hubo una activa y
permanente comunicación de información con el Estado y los
representantes de los solicitantes de las medidas y que las partes le
remitieron las informaciones de lugar, para sustentar sus pretensiones
al respecto.
El Dr. Roberto Rosario, miente cuando dice que la decisión adoptada
por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la adopción
de medidas cautelares contra la República Dominicana, se sustentó en
falsas informaciones. Cabe recordar que la semana pasada el día 15 de
Junio, el Dr Roberto Rosario, se aprestaba a realizar un juicio sumario
en contra de otros miembros de la JCE, con igual rango que él, bajo la
acusación de esconderle más de mil expedientes, dentro de los cuales se
encontraban esto 48 expedientes que él dice desconocer.
Ustedes merecen saber la verdad y tener acceso a datos concretos,
serios de fuentes responsable, por tanto pueden acudir a nuestra
fuente.Pero debemos de deducir que la pretensión del Dr. Rosario de
colocarse como víctima no convence a nadie, sino que ella refleja un
comportamiento inadecuado e irresponsable que colinda con el alto cargo
que el ostenta. El organismo que él dirige debería actuar siempre a
favor de los derechos de los ciudadanos.
La Comisión Interamericana para justificar el otorgamiento de las
medidas se fundamentó en las informaciones documentales (pruebas) y los
alegatos suministrados por la Junta Central Electoral y por los abogados
representantes de los solicitantes de dichas medidasycualquier
ciudadano podrá accesar a ellas, mediante los mecanismos
correspondientes.
Aclaramos que es cierto la información dada por el Centro, Robert F.
Kennedy Center for Justice and Humans Rights, el día 5 de junio, en el
sentido de que un funcionario de esta institución entregó archivos
electrónicos individuales, dando cuenta de un listado de veintidós
22,673.
La Dra. Rosario Graciano suministró informaciones de manera verbal en
la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericano de Derechos
Humanos, sobre la existencia de estos expedientes, antepregunta de la
Comisionada Rosa María, quien demandó, que si el Estado Dominicano le
podía suministrar esas informaciones a la comisión, a lo que la Dra.
Graciano, se comprometió a hacer. Esto se puede comprobar en las
grabaciones de la audiencia privada en relación al caso celebrado el día
13 de marzo 2013 en la sede de la Comisión en Washington, D. C.
Confirmamos que los 48 dominicanos/asbeneficiarios de la presente
media, sus 32 hijos e hijas mas 16, que suman 64, todos/as han sido
desnacionalizado por el Estado Dominicano a través de la Junta Central
Electoral y los tribunales de la República, específicamente (Tribunal
Constitucional), que con su silencio no está contribuyendo a las
garantías constitucionales y por ende los derechos fundamentales.
No cabe duda que la situación es, que los representantes del Estado
Dominicano y sus abogados no tienen un manejo adecuado del litigio
internacional, no manejan el procedimiento interamericano.
Roberto Rosario no tiene calidad para tomar decisiones ni opinar en
relación a este conflicto de esta magnitud, su sugerencia al Ministerio
de Relaciones Exteriores son desafortunadas, pues quien tiene
calidadpara opinar lo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, por
tanto las opiniones de Roberto Rosario y de otro funcionario que no sea
el Ministro de Relaciones Exteriores o del mismo presidente de la
Republica no son significativas".
Les agradecemos por su atención.
Saludos Cordiales
El Equipo Legal de La Redh
Defensores haitianos responden a la JCE
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Reviewed by Noticias del Noroeste
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sábado, junio 29, 2013
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