Leonel Fernández decreta medidas de austeridad

El presidente Leonel Fernández decretó las medidas de austeridad que había anunciado el pasado 17 de marzo a la nación, con el propósito de enfrentar las alzas en los precios de los combustibles y los alimentos.

El Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda para que reduzca un 12% las asignaciones disponibles de las instituciones públicas, correspondientes al Presupuesto General del Estado de 2011.

El decreto 186-11 contiene esta orden, que excluye a los ministerios de Educación, Educación Superior y Salud Pública. También están exentas de la medida, de acuerdo al decreto, las entidades que tienen porcentajes establecidos por leyes específicas y las transferencias para subsidiar los programas sociales.

El porcentaje de reducción de presupuesto será aplicado a las entidades estatales tanto centralizadas, como descentralizadas, y de seguridad social.

"Las instituciones descentralizadas y de la seguridad social deberán presentar a Hacienda sus presupuestos ajustados conforme a las medidas de ajuste del gasto antes del 30 de abril del presente año", cita el decreto. Del mismo modo, el decreto 184-11 ordena que las instituciones del sector público paguen los impuestos de los bienes y servicios que contraten por un plazo de un año.

Esto incluye el impuesto de 17% relativo al registro de vehículos de motor. "Los funcionarios que autoricen compras en violación a las disposiciones del decreto, serán responsables del pago de los impuestos correspondientes", advierte el documento presidencial. La Presidencia de la República ordena a Hacienda el rechazo a las solicitudes de exoneración de las instituciones del Estado.

Asimismo, el decreto 185-11 manda a Hacienda a que descuente la factura eléctrica de cada oficina pública de las asignaciones presupuestarias mensuales. "Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto, reducirá el pago a realizar de la factura eléctrica de las instituciones públicas, de las apropiaciones presupuestarias correspondientes", señala el decreto. En caso de que una entidad esté en desacuerdo con el consumo que se le facturó, podrá reclamar a la empresa distribuidora de electricidad correspondiente y la queja deberá ser respondida en 20 días hábiles.