CIDH dice le preocupa Guantánamo, Ecuador y RD

WASHINGTON— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera entre los principales desafíos en el continente el derecho a la libertad de los recluidos en Guantánamo, la situación de libertad de expresión en Ecuador, la desnacionalización de personas en República Dominicana y la independencia del poder judicial.

La presidenta de la Comisión, la jamaiquina Tracy Robinson, presentó el miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el informe anual del organismo, con sede en Washington, que mantuvo a Cuba, Honduras y Venezuela como los países que requirieron seguimiento especial durante 2013.

Este fue el primer informe anual que la Comisión emite desde que su reglamento fue reformado en agosto pasado.

La entidad indicó que ha acompañado su exhorto al gobierno estadounidense para que cierre la base naval de Guantánamo emitiendo siete comunicados de prensa, dos resoluciones, tres medidas cautelares, admitiendo una denuncia en su sistema de casos, y celebrando nueve audiencias públicas.

El Pentágono anunció el año pasado una revisión de los numerosos prisioneros en Guantánamo que no enfrentan cargos criminales, en sus esfuerzos por cerrar la prisión.

Pero el gobierno estadounidense no ha dicho cuántos de los 154 prisioneros en Guantánamo serán revisados.

Ya ha sido aprobada la liberación o traslado de unos 80 reclusos, quienes permanecen en prisión debido a restricciones sobre liberaciones impuestas por el Congreso o porque son ciudadanos de Yemen, país al que Washington considera demasiado inestable para acoger exprisioneros.

Barack Obama se comprometió a cerrar el centro de detención al asumir la presidencia en 2009 pero el Congreso impuso restricciones a la liberación o traslado de prisioneros.

El gobierno estadounidense ha reiterado que 46 prisioneros permanecen en detención indefinida por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

En cuanto a República Dominicana, la Comisión estimó como discriminatoria la sentencia emitida en septiembre por el Tribunal Constitucional, ya que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apátridas.

La falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas "genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros derechos humanos, en un círculo vicioso que sólo se puede romper a través del reconocimiento de su nacionalidad", señaló el informe.

El Tribunal Constitucional abrió juicios individuales para anular la nacionalidad de los nacidos en el país después de junio de 1929 cuyos progenitores fueran extranjeros sin permiso de residencia.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional dejará apátridas a unas 250.000 personas, entre ellas unos 210.000 descendientes de haitianos. La Junta Electoral insiste que sólo afectará a 24.000 personas.

En cuanto a Ecuador, la comisión acusó al gobierno de ese país de continuar la práctica de utilizar medios públicos para "estigmatizar de manera sistemática" a defensores de derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales y a periodistas. Expresó además su inquietud por la existencia de normas penales para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión en la nación sudamericana.

Sobre Venezuela, la Comisión señaló su inquietud por la provisionalidad de jueces y fiscales, la cual "conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia".

También identificó el "uso abusivo" del derecho penal, la afectación a la libertad de expresión y situaciones coyunturales como las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios.

La comisión expresó "especial preocupación" sobre la situación que Honduras atraviesa sobre seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial y de otros poderes del Estado, las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de violencia e impunidad, la situación de defensoras y defensoras de derechos humanos, la libertad de expresión, los pueblos indígenas, así como la discriminación y marginación de sectores de la sociedad.

El organismo aseveró que Cuba ha vulnerado sistemáticamente durante décadas los derechos humanos de sus habitantes, a través de "restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento".

La comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos cuyo mandato es promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA y no representan a sus países de origen o residencia.