Gobierno rechaza informe sobre trata de personas

SANTO DOMINGO.- Tanto el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, como el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, rechazan el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas.

El fiscal Moscoso Segarra dice que no se corresponden con la realidad las acusaciones de que el Gobierno no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no realizan esfuerzos significativos para eliminarla.

Jiménez Peña apunta que ese informe es injusto y entiende que puede tratarse de que hayan confundido a República Dominicana con otro país.

Según el documento el Gobierno dominicano no ha condenado a nadie por asuntos de trata de personas desde el 2007; sin embargo, el fiscal dice que el país ha hecho grandes esfuerzos por combatir la trata de personas y destacó el empeño que tienen las autoridades en someter a las personas involucradas en este delito.

Jiménez Peña

De su lado, el procurador aseguró que ese señalamiento está fuera de lugar porque la Procuraduría cuenta con estadísticas que dan cuenta de que se han llevado a los tribunales a traficantes de personas y se han aplicado sanciones ejemplares.

Agregó que las autoridades estadounidenses deben revisar ese informe en lo referente a la República Dominicana porque el Ministerio Público hace todos los esfuerzos a fin de reducir al máximo el tráfico de personas desde aquí hacia otros países.

Los resultados en las áreas de protección de víctimas y prevención de la trata también fueron limitados, detalla el informe.

En el Informe de Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), se instruye que el Departamento de Estado debe someter un informe anual al Congreso de los Estados Unidos en el que coloca a los gobiernos en una de tres categorías basándose en los esfuerzos realizados para cumplir con los estándares mínimos que realizan para la eliminación de la trata de personas.

Plantea que para mejorar los esfuerzos que realiza en contra de la trata de personas. República Dominicana podría implementar varias medidas, como incrementar los esfuerzos que realiza para investigar, someter y castigar a los violadores de las leyes de la trata de personas, especialmente a los funcionarios públicos que se involucran en ese delito.