Washington (EFE)-. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ayer miércoles del “agravamiento de la situación de violencia y desabastecimiento” en Haití, donde han muerto al menos 26 personas desde el pasado 7 de febrero en medio de protestas contra el Gobierno.
“Es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento” de electricidad, combustibles y medicamentos y que afecta a los “servicios básicos de agua, alimentación y salud”, señaló la relatora para Haití, Flávia Piovesan, en un comunicado difundido en Washington.
La relatora pidió al Estado que adopte “medidas para facilitar el acceso a servicios básicos y para la efectiva garantía de dichos derechos”. Según la CIDH, en medio de las protestas se han producido bloqueos, “violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos; detenciones de personas”, así como “dificultades en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud”, el cierre de escuelas, de aduanas y aeropuertos, entre otros.
“Lo anterior ha resultado en la muerte de al menos 26 personas y en más de 77 personas heridas, según información de Unicef”, se agregó en el comunicado.
El organismo llamó al Estado a “respetar las manifestaciones” y urgió a iniciar un diálogo en busca de “una solución pacífica a la grave crisis política y económica que atraviesa el país”.
Además, confirmó que decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) para “monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Haití”.
También pidió al Estado que investigue “con debida diligencia y respeto al debido proceso” las muertes ocurridas y urgió a todas las partes “a rechazar y cesar la violencia”.
“En el contexto que vive hoy el país, son esenciales los mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente las familias que han perdido a sus seres queridos”, señaló la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el comunicado.
“Es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento” de electricidad, combustibles y medicamentos y que afecta a los “servicios básicos de agua, alimentación y salud”, señaló la relatora para Haití, Flávia Piovesan, en un comunicado difundido en Washington.
La relatora pidió al Estado que adopte “medidas para facilitar el acceso a servicios básicos y para la efectiva garantía de dichos derechos”. Según la CIDH, en medio de las protestas se han producido bloqueos, “violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos; detenciones de personas”, así como “dificultades en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud”, el cierre de escuelas, de aduanas y aeropuertos, entre otros.
“Lo anterior ha resultado en la muerte de al menos 26 personas y en más de 77 personas heridas, según información de Unicef”, se agregó en el comunicado.
El organismo llamó al Estado a “respetar las manifestaciones” y urgió a iniciar un diálogo en busca de “una solución pacífica a la grave crisis política y económica que atraviesa el país”.
Además, confirmó que decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) para “monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Haití”.
También pidió al Estado que investigue “con debida diligencia y respeto al debido proceso” las muertes ocurridas y urgió a todas las partes “a rechazar y cesar la violencia”.
“En el contexto que vive hoy el país, son esenciales los mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente las familias que han perdido a sus seres queridos”, señaló la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el comunicado.
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