EFE-. La defensa de la dominicana Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño español de 8 años Gabriel Cruz, pidió para su cliente una pena de tres años de prisión por homicidio imprudente.
En el escrito de la defensa, al que tuvo tenido acceso Efe, los abogados reiteran su oposición a que se celebre un juicio con jurado, “dado que la extraordinaria y desmedida repercusión mediática de los hechos privaría a cualquier ciudadano llamado a ser jurado de la imparcialidad y serenidad de ánimo requeridas”.
Ana Julia Quezada fue detenida el 11 de marzo de 2018 en la localidad de Vícar (Almería, sureste de España) con el cadáver del niño en su coche, hijo de su entonces pareja.
El hallazgo tuvo lugar doce días después de la desaparición del pequeño, que desde el primer momento había provocado un gran despliegue policial y ciudadano y en el que la propia acusada participó activamente junto a su compañero sentimental y padre del niño.
El pasado mes de enero la Fiscalía española pidió la prisión permanente revisable para Quezada, la pena máxima aplicable en España y que supone el cumplimento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel.
Los letrados relataron cómo el 27 de febrero del año pasado, tras una comida familiar en la cercana localidad de Níjar, Quezada se trasladó a una casa cercana propiedad de su pareja.
Mantienen que una vez en la finca Gabriel cogió un hacha para jugar y que Quezada le dijo que la soltase porque era peligroso y podía hacerse daño, añadiendo que en ese momento el niño la insultó y se negó a entregarle el objeto.
Sostienen que su cliente intentó quitarle el hacha y le tapó la boca “apretándola con la intención de que se callara” y que “tras breves momentos, éste ya no respiraba”. A continuación, enterró el cuerpo fuera de la casa y de acuerdo con sus abogados “incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber cómo explicarlo a su pareja, ante la desmedida repercusión mediática, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención”.
Reclaman por ello la pena citada por homicidio imprudente, ampliable a diez años en el caso de que se considere que hubo un homicidio doloso, con la atenuante de confesión tardía de los hechos.
Quezada llegó a España en 1995 y se instaló en Burgos, al norte de España, junto a una hija. Posteriormente se casó y tuvo otra niña.
La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de una vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental. Años más tarde se mudó al sur donde conoció al padre de Gabriel.
En el escrito de la defensa, al que tuvo tenido acceso Efe, los abogados reiteran su oposición a que se celebre un juicio con jurado, “dado que la extraordinaria y desmedida repercusión mediática de los hechos privaría a cualquier ciudadano llamado a ser jurado de la imparcialidad y serenidad de ánimo requeridas”.
Ana Julia Quezada fue detenida el 11 de marzo de 2018 en la localidad de Vícar (Almería, sureste de España) con el cadáver del niño en su coche, hijo de su entonces pareja.
El hallazgo tuvo lugar doce días después de la desaparición del pequeño, que desde el primer momento había provocado un gran despliegue policial y ciudadano y en el que la propia acusada participó activamente junto a su compañero sentimental y padre del niño.
El pasado mes de enero la Fiscalía española pidió la prisión permanente revisable para Quezada, la pena máxima aplicable en España y que supone el cumplimento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel.
Los letrados relataron cómo el 27 de febrero del año pasado, tras una comida familiar en la cercana localidad de Níjar, Quezada se trasladó a una casa cercana propiedad de su pareja.
Mantienen que una vez en la finca Gabriel cogió un hacha para jugar y que Quezada le dijo que la soltase porque era peligroso y podía hacerse daño, añadiendo que en ese momento el niño la insultó y se negó a entregarle el objeto.
Sostienen que su cliente intentó quitarle el hacha y le tapó la boca “apretándola con la intención de que se callara” y que “tras breves momentos, éste ya no respiraba”. A continuación, enterró el cuerpo fuera de la casa y de acuerdo con sus abogados “incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber cómo explicarlo a su pareja, ante la desmedida repercusión mediática, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención”.
Reclaman por ello la pena citada por homicidio imprudente, ampliable a diez años en el caso de que se considere que hubo un homicidio doloso, con la atenuante de confesión tardía de los hechos.
Quezada llegó a España en 1995 y se instaló en Burgos, al norte de España, junto a una hija. Posteriormente se casó y tuvo otra niña.
La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de una vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental. Años más tarde se mudó al sur donde conoció al padre de Gabriel.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario