MIAMI, Florida (EFE)-. EEUU ejecutó hoy al hispano José Antonio Jiménez por el asesinato a cuchilladas de una mujer en 1992, y su muerte ha constituido la última pena capital de este año en Estados Unidos.
A Jiménez, de 55 años, lo declararon muerto a las 09.48 de la noche, hora del este de EE.UU. (02.48 horas GMT del viernes) tras recibir una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en el condado Bradford, en el norte de Florida, y luego de permanecer 24 años en el pabellón de la muerte.
Horas antes de su ejecución, el hispano se hallaba “calmado” y de “buen ánimo”, según portavoces de la prisión, y recibió la visita de un consejero espiritual católico.
Su última comida consistió en un sandwich cubano, huevos, papas fritas y helado de chocolate y vainilla.
Jiménez fue hallado culpable del asesinato de Phyllis Minas en 1992 en North Miami, y dos años después, estando ya en prisión, del homicidio y robo de otra mujer, Marie Debas, ocurrido en 1990 en Miami Beach.
El gobernador de Florida, el republicano Rick Scott reprogramó en noviembre pasado la ejecución de Jiménez, que estaba prevista para el 14 de agosto, pero fue suspendida temporalmente debido un último recurso legal que fue negado por el Tribunal Supremo de Florida.
La defensa de Jiménez buscó detener de nuevo la ejecución mediante una apelación ante el Supremo de EE.UU. argumentando que los detectives a cargo de la investigación rindieron falsos testimonios y perdieron reportes.
Igualmente instó a la corte a considerar la inyección letal como un protocolo “cruel” que viola la Octava Enmienda de la Constitución que se refiere, entre otros, a los castigos.
Sin embargo, estos recursos de última hora fueron rechazados por la máxima instancia judicial, en un escrito en el que no emitió comentarios.
La defensa también había tramitado un recurso basado en una cláusula de la Enmienda 11, aprobada en las elecciones del pasado 6 de noviembre en las elecciones, que permite afectar las sentencias de delitos mayores si ha habido revisiones en las leyes criminales.
Ese es el caso de Florida, que tuvo que cambiar el proceso mediante el cual se decidían las sentencias de pena capital desde que en enero de 2016 el Tribunal Supremo de EE.UU. lo calificó de “inconstitucional”.
Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un condenado a la pena de muerte.
Con el cambio, al que se vio obligado el Legislativo estatal, se requiere ahora la decisión “unánime” del jurado, no sólo la mayoría simple.
No obstante, la fiscal estatal, Pam Bondi, argumentó que la enmienda rige a partir del próximo 8 de enero y no es retroactiva, una posición que avaló la Corte Suprema de Florida.
Los obispos
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida había solicitado al gobernador Scott “conmutar” la sentencia de muerte de Jiménez y de los demás reos en el pabellón de la muerte a cadena perpetua.
Jiménez, uno de los 352 reos en el pabellón de la muerte en Florida, golpeó y apuñaló varias veces a Minas tras ser sorprendido robando en su vivienda, en octubre de 1992, y después huyó por el balcón tras sentir la presencia de los vecinos que acudían ante los gritos de la víctima.
Minas, de 63 años, murió tras recibir ocho heridas de arma blanca y Jiménez fue arrestado días después gracias a las huellas dactilares dejadas en el apartamento de la víctima.
Este año, 25 reos han sido sometidos a la pena capital en Estados Unidos, donde 30 estados la permiten, entre ellos Tennessee, donde David Miller y Edmund Zagorski fueron ejecutados en diciembre y noviembre pasado, respectivamente, en la silla eléctrica, una práctica secundaria a la inyección letal (y casi en desuso) para los reos que la prefieran.
En febrero pasado, las autoridades de Florida ejecutaron Eric Branch, de 47 años, por la violación y asesinato de una estudiante universitaria en 1993.
Hasta abril pasado había 2.738 prisioneros condenados a muerte en Estados Unidos, 13 % de ellos hispanos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro.
La mayoría están sentenciados a muerte en California, con 740, seguida de Florida (353), Texas (232) y Alabama (185).
La muerte de Jiménez es la número 28 desde que Rick Scott, senador federal electo, asumió como gobernador de Florida en 2011, la mayor cifra que ostenta un jefe del ejecutivo estatal desde que se volvió a instaurar la pena de muerte.
A Jiménez, de 55 años, lo declararon muerto a las 09.48 de la noche, hora del este de EE.UU. (02.48 horas GMT del viernes) tras recibir una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en el condado Bradford, en el norte de Florida, y luego de permanecer 24 años en el pabellón de la muerte.
Horas antes de su ejecución, el hispano se hallaba “calmado” y de “buen ánimo”, según portavoces de la prisión, y recibió la visita de un consejero espiritual católico.
Su última comida consistió en un sandwich cubano, huevos, papas fritas y helado de chocolate y vainilla.
Jiménez fue hallado culpable del asesinato de Phyllis Minas en 1992 en North Miami, y dos años después, estando ya en prisión, del homicidio y robo de otra mujer, Marie Debas, ocurrido en 1990 en Miami Beach.
El gobernador de Florida, el republicano Rick Scott reprogramó en noviembre pasado la ejecución de Jiménez, que estaba prevista para el 14 de agosto, pero fue suspendida temporalmente debido un último recurso legal que fue negado por el Tribunal Supremo de Florida.
La defensa de Jiménez buscó detener de nuevo la ejecución mediante una apelación ante el Supremo de EE.UU. argumentando que los detectives a cargo de la investigación rindieron falsos testimonios y perdieron reportes.
Igualmente instó a la corte a considerar la inyección letal como un protocolo “cruel” que viola la Octava Enmienda de la Constitución que se refiere, entre otros, a los castigos.
Sin embargo, estos recursos de última hora fueron rechazados por la máxima instancia judicial, en un escrito en el que no emitió comentarios.
La defensa también había tramitado un recurso basado en una cláusula de la Enmienda 11, aprobada en las elecciones del pasado 6 de noviembre en las elecciones, que permite afectar las sentencias de delitos mayores si ha habido revisiones en las leyes criminales.
Ese es el caso de Florida, que tuvo que cambiar el proceso mediante el cual se decidían las sentencias de pena capital desde que en enero de 2016 el Tribunal Supremo de EE.UU. lo calificó de “inconstitucional”.
Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un condenado a la pena de muerte.
Con el cambio, al que se vio obligado el Legislativo estatal, se requiere ahora la decisión “unánime” del jurado, no sólo la mayoría simple.
No obstante, la fiscal estatal, Pam Bondi, argumentó que la enmienda rige a partir del próximo 8 de enero y no es retroactiva, una posición que avaló la Corte Suprema de Florida.
Los obispos
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida había solicitado al gobernador Scott “conmutar” la sentencia de muerte de Jiménez y de los demás reos en el pabellón de la muerte a cadena perpetua.
Jiménez, uno de los 352 reos en el pabellón de la muerte en Florida, golpeó y apuñaló varias veces a Minas tras ser sorprendido robando en su vivienda, en octubre de 1992, y después huyó por el balcón tras sentir la presencia de los vecinos que acudían ante los gritos de la víctima.
Minas, de 63 años, murió tras recibir ocho heridas de arma blanca y Jiménez fue arrestado días después gracias a las huellas dactilares dejadas en el apartamento de la víctima.
Este año, 25 reos han sido sometidos a la pena capital en Estados Unidos, donde 30 estados la permiten, entre ellos Tennessee, donde David Miller y Edmund Zagorski fueron ejecutados en diciembre y noviembre pasado, respectivamente, en la silla eléctrica, una práctica secundaria a la inyección letal (y casi en desuso) para los reos que la prefieran.
En febrero pasado, las autoridades de Florida ejecutaron Eric Branch, de 47 años, por la violación y asesinato de una estudiante universitaria en 1993.
Hasta abril pasado había 2.738 prisioneros condenados a muerte en Estados Unidos, 13 % de ellos hispanos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro.
La mayoría están sentenciados a muerte en California, con 740, seguida de Florida (353), Texas (232) y Alabama (185).
La muerte de Jiménez es la número 28 desde que Rick Scott, senador federal electo, asumió como gobernador de Florida en 2011, la mayor cifra que ostenta un jefe del ejecutivo estatal desde que se volvió a instaurar la pena de muerte.
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