Caracas (EFE)-. Los obispos venezolanos pidieron ayer al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, que el sábado salió ileso de un atentado con explosivos, que cese la “represión violenta contra los ciudadanos”, e instaron a los grupos defensores de los derechos humanos a estar “atentos” ante posibles violaciones.
A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) instó al Gobierno de Maduro “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos”, y aseguró que estas acciones “se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
El texto de los obispos se divulga 5 días después del atentado del que el Gobierno acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, les levantó ayer el fuero.
De acuerdo con la Fiscalía del país, al menos 19 personas están involucradas en el atentado, por el que hay al menos 7 detenidos, incluido Requesens cuya familia asegura que no ha podido ver y que se encuentra “desaparecido”.
Mientras que sobre Borges, quien se encuentra en Colombia, pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, la CEV exigió que las investigaciones sigan “los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales competentes”, y que las detenciones que se practiquen no conlleven a “tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas”. “Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso”, se añade en el documento.
Los obispos, que ya se solidarizaron con los trabajadores públicos que demandan en las calles desde hace más de 40 días mejoras salariales, emitieron un comunicado en julio pasado donde responsabilizaron a Maduro por la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, expresada en desabastecimiento e hiperinflación.
En tanto,el Parlamento venezolano, cuestionó ayer el atentado que sufrió el pasado sábado el presidente, Nicolás Maduro, al denunciar que el Gobierno está destruyendo las evidencias de este suceso que dejó siete heridos y por el cual el gobernante ha acusado a dos diputados. En una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes representantes diplomáticos de varios países, así como la familia del diputado detenido Juan Requesens, se condenó el retiro “ilegal” de la inmunidad parlamentaria a los legisladores.
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GOBIERNO PEDIRÁ CINCO EXTRADICIONES A COLOMBIA
El Gobierno de Venezuela anunció ayer que pedirá a Colombia la extradición de cinco personas, incluidos el diputado opositor Julio Borges y un funcionario colombiano de nombre Mauricio Jiménez, a quienes se acusa de estar presuntamente implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, “la información precisa”.
A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) instó al Gobierno de Maduro “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos”, y aseguró que estas acciones “se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
El texto de los obispos se divulga 5 días después del atentado del que el Gobierno acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, les levantó ayer el fuero.
De acuerdo con la Fiscalía del país, al menos 19 personas están involucradas en el atentado, por el que hay al menos 7 detenidos, incluido Requesens cuya familia asegura que no ha podido ver y que se encuentra “desaparecido”.
Mientras que sobre Borges, quien se encuentra en Colombia, pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, la CEV exigió que las investigaciones sigan “los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales competentes”, y que las detenciones que se practiquen no conlleven a “tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas”. “Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso”, se añade en el documento.
Los obispos, que ya se solidarizaron con los trabajadores públicos que demandan en las calles desde hace más de 40 días mejoras salariales, emitieron un comunicado en julio pasado donde responsabilizaron a Maduro por la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, expresada en desabastecimiento e hiperinflación.
En tanto,el Parlamento venezolano, cuestionó ayer el atentado que sufrió el pasado sábado el presidente, Nicolás Maduro, al denunciar que el Gobierno está destruyendo las evidencias de este suceso que dejó siete heridos y por el cual el gobernante ha acusado a dos diputados. En una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes representantes diplomáticos de varios países, así como la familia del diputado detenido Juan Requesens, se condenó el retiro “ilegal” de la inmunidad parlamentaria a los legisladores.
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GOBIERNO PEDIRÁ CINCO EXTRADICIONES A COLOMBIA
El Gobierno de Venezuela anunció ayer que pedirá a Colombia la extradición de cinco personas, incluidos el diputado opositor Julio Borges y un funcionario colombiano de nombre Mauricio Jiménez, a quienes se acusa de estar presuntamente implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, “la información precisa”.
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