La Procuraduría General de la República (PGR) presentó juicio formal contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez, tras encontrar evidencias de que recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El procurador Jean Alain Rodríguez también dijo que el Ministerio Público estableció que no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González con los delitos de sobornos, prevaricación y lavado de activos, por lo que se procedió al archivo provisional de los mismos.
En una alocución anoche, el procurador observó que no se encontraron evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la termoeléctrica Punta Catalina, así como tampoco en el financiamiento.
Indicó que se evaluó el informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, a pesar de que la planta no tiene carácter vinculante con el caso Odebrecht.
Explicó que se procedió a realizar una investigación independiente y objetiva con relación a esa obra en particular, evaluando los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado.
Igualmente, dijo, se realizó una investigación profunda sobre los alegatos de que se habían repartido sobornos en el Congreso para la adjudicación de la obra, sin que se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en el financiamiento de la termoeléctrica.
Acusación contra los imputados
El Ministerio Público le atribuye a los imputados incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, descritos y sancionados en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión. También los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Ángel Rondón es acusado de ser autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Víctor Díaz Rúa figura como receptor de soborno, prevaricación, falsedad en escritura, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, es imputado como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.
Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez son señalados como autores de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Jesús Antonio Vásquez Martínez, que en principio no estaba acusado, fue incluido como autor de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos debido a que las investigaciones revelaron su implicación.
Finalmente, Alain Rodríguez explicó que está en espera de que la Cámara de Cuentas presente su auditoría sobre las alegadas sobrevaluaciones de las 18 obras contratadas con Odebrecht.
La investigación
Jean Alain Rodríguez hizo una descripción de las investigaciones que se llevaron a cabo durante el proceso.
Explicó que durante la investigación se hicieron múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, cooperación que resultó altamente provechosa para poder presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
Detalló que como parte de las diligencias investigativas, procedió a solicitar a todas las instituciones del Estado que contrataron con la constructora Norberto Odebrecht, la entrega de la documentación que sustentara los contratos cerrados con la empresa brasileña.
Valoró la investigación como el resultado de un arduo trabajo, que implicó investigar a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
Caso Odebrecht inició en enero del año 2017
Odebrecht reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado pagos de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del Gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht reconoció que pagó en RD sobornos por US$92 millones, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen. En enero de 2017 el Ministerio Público procedió a allanar las oficinas de Odebrecht en República Dominicana, dando inicio al caso judicial.
Las cifras
US$184 MM
El Procurador dijo que se logró una pena contra Odebrecht por el valor de US$184 millones.
130,000
Durante la investigación se emplearon 130,000 horas de trabajo y 50 profesionales de distintas áreas.
El procurador Jean Alain Rodríguez también dijo que el Ministerio Público estableció que no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González con los delitos de sobornos, prevaricación y lavado de activos, por lo que se procedió al archivo provisional de los mismos.
En una alocución anoche, el procurador observó que no se encontraron evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la termoeléctrica Punta Catalina, así como tampoco en el financiamiento.
Indicó que se evaluó el informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, a pesar de que la planta no tiene carácter vinculante con el caso Odebrecht.
Explicó que se procedió a realizar una investigación independiente y objetiva con relación a esa obra en particular, evaluando los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado.
Igualmente, dijo, se realizó una investigación profunda sobre los alegatos de que se habían repartido sobornos en el Congreso para la adjudicación de la obra, sin que se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en el financiamiento de la termoeléctrica.
Acusación contra los imputados
El Ministerio Público le atribuye a los imputados incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, descritos y sancionados en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión. También los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Ángel Rondón es acusado de ser autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
Víctor Díaz Rúa figura como receptor de soborno, prevaricación, falsedad en escritura, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, es imputado como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.
Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez son señalados como autores de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Jesús Antonio Vásquez Martínez, que en principio no estaba acusado, fue incluido como autor de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos debido a que las investigaciones revelaron su implicación.
Finalmente, Alain Rodríguez explicó que está en espera de que la Cámara de Cuentas presente su auditoría sobre las alegadas sobrevaluaciones de las 18 obras contratadas con Odebrecht.
La investigación
Jean Alain Rodríguez hizo una descripción de las investigaciones que se llevaron a cabo durante el proceso.
Explicó que durante la investigación se hicieron múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, cooperación que resultó altamente provechosa para poder presentar acusación formal en contra de los siete imputados.
Detalló que como parte de las diligencias investigativas, procedió a solicitar a todas las instituciones del Estado que contrataron con la constructora Norberto Odebrecht, la entrega de la documentación que sustentara los contratos cerrados con la empresa brasileña.
Valoró la investigación como el resultado de un arduo trabajo, que implicó investigar a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
Caso Odebrecht inició en enero del año 2017
Odebrecht reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado pagos de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del Gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht reconoció que pagó en RD sobornos por US$92 millones, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen. En enero de 2017 el Ministerio Público procedió a allanar las oficinas de Odebrecht en República Dominicana, dando inicio al caso judicial.
Las cifras
US$184 MM
El Procurador dijo que se logró una pena contra Odebrecht por el valor de US$184 millones.
130,000
Durante la investigación se emplearon 130,000 horas de trabajo y 50 profesionales de distintas áreas.
(Fuente: elcaribe.com.do)
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