Nueva de Ley de Migración de Brasil que iguala derechos de sus ciudadanos y extranjeros

Sao Paulo (EFE)-. La nueva Ley de Migración entró hoy en vigor en Brasil con el objetivo de igualar los derechos y deberes de los extranjeros a los de los brasileños y facilitar su llegada al país como mano de obra, aunque aún está por esclarecer cómo aplicar el texto a la realidad, según especialistas consultados por Efe.

La legislación, sancionada en mayo pasado por el presidente Michel Temer con una veintena de vetos, sustituirá al Estatuto del Extranjero, que data de la dictadura militar (1964-1985) y veía al inmigrante como "una amenaza a la seguridad nacional", explica a Efe Diana Quintas, abogada en Brasil de la firma Fragomen.

"Es una reforma total de la migración. Teníamos una ley que era muy proteccionista, muy cerrada, muy restrictiva (...) La nueva es totalmente abierta, da derechos y garantías y expresamente prohíbe la xenofobia" y el racismo, afirma la letrada.

Para el profesor Istvan Kasznar, del centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV), el documento actual es "más liberal y adecuado para atender correctamente los Derechos Humanos" de los inmigrantes.

La norma, impulsada por el ahora canciller, Aloysio Nunes, iguala los derechos y deberes de los inmigrantes al de los brasileños, regula su entrada y estadía en el país, además de plantear directrices para impulsar políticas públicas dirigidas hacia ellos.

Por otro lado, establece el visado de visitas, que englobará al de turismo y negocios, y permite a los extranjeros con curso superior o equivalente trabajar en Brasil sin la necesidad de tener que llegar con una propuesta formal de empleo de una compañía afincada en el país.

No obstante, falta por ver cómo se articula realmente en la práctica la ley, pues hasta en 37 ocasiones se cita un decreto que debe concretar su funcionamiento.

En este sentido, Kasznar asegura que en la ley "existe mucho de escribir de cara a la galería", pero, en su opinión, "el realismo en ciertas cuestiones" no está reflejado con "la propiedad que se esperaría".

Para el profesor no tiene mucho sentido que se garantice a los inmigrantes el "acceso a los servicios públicos de salud y de asistencia social y al sistema de pensiones" (art. 4 VIII), cuando "el brasileño hoy no tiene asistencia médica cualificada ni tiene una asistencia social buena".

"Es letra muerta porque en el fondo llegarán esas personas de Haití y Venezuela y van a estar abandonadas", añade.

Entre los años 2010 y 2015, el número de empleados inmigrantes aumentó en Brasil el 131 % pasando de los 54.333 a los 125.535, lo que corresponde a menos del 0,5 % de los trabajadores del mercado formal de trabajo, según datos oficiales.

En 2015, los haitianos representaban el 26,4 % de la fuerza de trabajo inmigrante en el país.

"La ley tiene lagunas y trajo la mención de un decreto en 37 veces", apunta Quintas, quien considera que mismo con la publicación del decreto el asunto no estará resuelto porque algunos puntos requieren acciones conjuntas de los Ministerios de Trabajo, Justicia y Relaciones Exteriores.

Para poder venir a buscar empleo sin una oferta formal de trabajo, será necesario tener el título de un curso superior o equivalente en "profesiones estratégicas para Brasil", pero no se dan "detalles" de cuáles son esas actividades, subraya la abogada.

La ley también precisa definir un sistema de control, como el que ya funciona en países avanzados en recibir inmigrantes, como Canadá y Australia; y aclarar el papel del Estado en la garantía de los derechos y deberes, entre otros temas.

"Es un tema complejo y sumamente delicado y polémico", puntualiza Kasznar.

Para Quintas, la ley "también es polémica en un momento con tanto desempleo" y en medio de los efectos aún latentes de la crisis económica.

De hecho, la nueva ley entra en vigor con una veintena de vetos de Temer que respondieron en cierta forma a las presiones de grupos de derecha al considerar que abría las puertas del país indiscriminadamente a los extranjeros.

Ante estos cambios de calado, los organismos competentes tienen hasta un año para unificar los sistemas informáticos en base a la nueva ley, pero todavía no han empezado, asegura Quintas.

"De nada sirve tener una ley linda, abierta, pionera, vanguardista y equilibrada, si no se consigue colocar en práctica", completa.