A la señora Pearl Fernández y al señor Isauro Aguirre, madre y padrastro del niño Gabriel Fernández, se les está conociendo juicio por presuntamente haber torturado y asesinado en 2013 al menor de 8 años de edad por creer que este era homosexual.
El hombre y la mujer torturaron y quemaron al menor durante los ocho meses que permaneció bajo la custodia de su madre en California, Estados Unidos.
Jonathan Hatami, procurador que lleva el caso, dijo que se trata de una tortura sistemática a un niño indefenso e inocente.
Un año antes de vivir con su madre y el padrastro, el niño Gabriel Fernández vivía con sus abuelos feliz y saludablemente. Fotos que fueron aportadas como evidencia en el caso demuestran que su aspecto cambió inmediatamente cuando pasó a vivir con la progenitora y su pareja.
Según el médico legista, el cuerpo del menor presentaba mordeduras, estrangulamiento, golpes contusos en todo el cuerpo, y heridas que presuntamente fueron realizadas con una pistola de perdigones.
Por el caso también serán investigados empleados del servicio público encargados de supervisar el bienestar del menor tras el cambio de custodia, mientras que los responsables de su muerte se estarían enfrentando a la pena muerte.
(Fuente: listindiario.com)
El hombre y la mujer torturaron y quemaron al menor durante los ocho meses que permaneció bajo la custodia de su madre en California, Estados Unidos.
Jonathan Hatami, procurador que lleva el caso, dijo que se trata de una tortura sistemática a un niño indefenso e inocente.
Un año antes de vivir con su madre y el padrastro, el niño Gabriel Fernández vivía con sus abuelos feliz y saludablemente. Fotos que fueron aportadas como evidencia en el caso demuestran que su aspecto cambió inmediatamente cuando pasó a vivir con la progenitora y su pareja.
Según el médico legista, el cuerpo del menor presentaba mordeduras, estrangulamiento, golpes contusos en todo el cuerpo, y heridas que presuntamente fueron realizadas con una pistola de perdigones.
Por el caso también serán investigados empleados del servicio público encargados de supervisar el bienestar del menor tras el cambio de custodia, mientras que los responsables de su muerte se estarían enfrentando a la pena muerte.
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