Crisis venezolana sigue con graves disturbios y dos campañas electorales

CARACAS (EFE)-. Venezuela vivió ayer una nueva jornada de protestas con graves disturbios, en los que 7 militares resultaron heridos al estallar un artefacto en una calle de Caracas, en medio de las campañas electorales de cara a la Constituyente convocada por el Gobierno y la consulta popular organizada por la oposición.

Los choques de calle se saldaron este lunes con un indeterminado número de heridos en las filas opositoras y, en diferentes hechos, al menos nueve de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Una patrulla de agentes de la GNB en motocicletas fue alcanzada por un explosivo en una avenida de Caracas, hecho registrado por fotógrafos y cámaras, lo que alentó al comandante de ese cuerpo policial militarizado, general Sergio Rivero, a afirmar que estos sabían del explosivo y no alertaron a los uniformados.

“Acomodan todo para hacer la mejor toma al momento que realiza la explosión el artefacto explosivo e inmediatamente hay uno de los periodistas que comienza a narrar sobre el ataque”, afirmó Rivero al canal estatal de televisión VTV.

El ministro de Información, Ernesto Villegas, escribió a su vez en Twitter: “Heridos siete GNB tras ataque explosivo en #TrancazoTerrorista”.

El “trancazo” es el corte masivo de calles al tráfico y se ha alzado como otra forma de protesta que la oposición combina desde hace cien días con multitudinarias marchas, por lo regular reprimidas por la GNB y otros cuerpos policiales.

En el momento de la explosión, decenas de jóvenes manifestantes se enfrentaban con piedras a los policías que, con el uso de gas lacrimógeno, golpes y perdigones de goma impedían que cortaran la autopista Francisco Fajardo, la principal vía caraqueña.

Tanto Villegas como Rivero informaron también de otros dos agentes heridos, en este caso de bala, en La Tahona (en el este de Caracas) y San Antonio (a las afueras de la capital).

La GNB es, junto a la Policía Bolivariana, la encargada de gestionar las protestas que se viven desde hace más de tres meses contra el presidente Nicolás Maduro, tildado de dictador por sus detractores.

Un total de 91 personas, según la Fiscalía, han muerto en este período en incidentes violentos en el marco de estas y otras manifestaciones en contra y algunas también a favor del Gobierno.

El mandatario del país y otros oficialistas han alabado la labor policial y han acusado a los dirigentes opositores de “terrorismo” por “instigar a la violencia”.

Sin embargo, el antecesor de Rivero hasta el mes pasado, el general Antonio Benavides, fue citado por la Fiscalía para declarar próximamente como imputado en supuestas violaciones de los derechos humanos contra opositores.

El Ministerio Público también imputó hoy al jefe de la GNB en el Parlamento, coronel Bladimir Lugo, por un reciente ataque a diputados opositores y anunció adicionalmente que adelanta 43 investigaciones penales contra agentes por robar a los manifestantes.

Los agentes militares, según la imputación de la Fiscalía, “han despojado de motocicletas, teléfonos celulares, prendas de valor y otros objetos a personas que participaban en manifestaciones”.

Todo ello se ha venido repitiendo desde abril pasado, aunque en los últimos días estos hechos se matizan con preparativos para la consulta opositora “vinculante” de este domingo, en la que la oposición preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa Maduro.

“Que quede muy claro que lo que vamos a decidir este domingo es de obligatorio cumplimiento para el régimen de Maduro, para la Fuerza Armada Nacional (y) para todos los poderes públicos”, señaló a periodistas el diputado opositor Luis Florido.

La ANC está pautada a su vez para el próximo 30 de julio y la oposición le niega validez constitucional, al igual como el Gobierno hace con la consulta dominical.

En un país de mayoría católica, también este lunes destacó una petición de la Conferencia Episcopal para que Maduro desista de su convocatoria para elegir una instancia que, a juicio de los obispos, no servirá para resolver la escasez alimentaria y de medicamentos ni la grave crisis política que vive el país.

Además, es “urgente”, añaden los prelados, que Maduro reconozca “la autonomía de todos los poderes públicos” y de manera especial la del Parlamento y la Fiscalía General, dos instituciones a las que el Gobierno ha acusado de golpismo.

La Conferencia Episcopal envía esta carta días después de que también calificara de “dictadura” al Gobierno de Maduro.