Miles de nacionales haitianos y otros extranjeros beneficiados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en situación migratoria irregular en la República Dominicana están expuestos a ser deportados del país debido a que en la primera quincena de este mes venció el último plazo del Ministerio de Interior y Policía para que regularizaran su estatus migratorio.
De los 238,000 extranjeros haitianos que se acogieron al plan de regularización, en el último plazo otorgado en 2015 sólo esos 143,000 tenían el carnet que se vencía el 17 de julio.
Sin embargo, ante la Junta Central Electoral (JCE) solo inscribieron unos 53,000 nacionales haitianos que se acogieron al PNRE, pero de esos la JCE solamente ha podido identificar a 15,000.
En el Grupo B, ante la JCE se registraron unas 8,000 personas a fin de poder naturalizarse, y de esos solo 4,500 reunieron todos los requisitos.
Es de recordar que el PNRE es un régimen especial para dotar de documento de identidad y permiso de residencia a nacionales extranjeros que no estaban residiendo legalmente en la República Dominicana.
Actualmente hay una gran cantidad de migrantes que no se le ha expedido el carnet, ya que algunos no completaron el expediente en el plazo establecido por el decreto 327, mientras a otros se les ha comunicado que, a pesar de que aplicaron de forma correcta, sus documentos se han extraviado y esas personas no han podido adquirirlos en original.
Otro grupo al que se le expidieron carnets no ha podido ser ubicado por las autoridades, mientras otros solo tienen un sello en sus pasaportes, cuyo plazo de vigencia vence entre junio y julio.
Es el caso de Julio Wilson Tiburcio, Cleotilde Seuberán, residentes en el Pequeño Haití, en la ciudad de Santo Domingo, quienes no esconden su temor de qué pasará con ellos. Y lo mismo externaron otros residentes en el sector, donde la mayoría de los trabajadores informales son haitianos.
De acuerdo con la abogada de derechos humanos Evarista Rodríguez, los problemas surgidos con este grupo se debe a que el Estado erró en la forma en cómo se aplicó el plan, ya que los requisitos que impuso eran casi imposibles para los migrantes, como son la parte económica, que algunos no calificaban y no podían cumplir.
En este aspecto coincide con Genaro Rincón, abogado de Juliana Deguis y las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cof, quien observa que el Estado no hizo un empadronamiento de los trabajadores migrantes haitianos región por región, es decir, ir casa por casa para empadronar a todos los grupos, y así hubiera sido más efectivo, ya que las informaciones se procesarían por región y se harían en las gobernaciones para gestionar sus carnets.
Grupo B
En el caso del Grupo B los abogados Rodríguez y Rincón observan que el Estado está entrampado en cómo resolver la situación migratoria de los hijos de haitianos o extranjeros nacidos en el país.
En el régimen especial creado para el Grupo B, que son hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano e inscritos irregularmente en el Registro Civil, aplicaron unas 8,000 personas a fin de poder naturalizarse, y de esos solo 4,500 reunieron todos los requisitos, lo que coloca en situación de vulnerabilidad a los restantes 3,500.
Otros pertenecientes a este grupo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sencillamente se resisten a inscribirse en el libro de Extranjería de la JCE debido a que entienden que eso significa negarse a ellos mismos la condición de dominicanos por nacimiento.
El Estado entrampado
Para Genaro Rincón, el entrampamiento del Estado dominicano con respecto al Grupo B radica en que una vez se reconozca los derechos de los cañeros hay que reconocer la legitimidad de sus descendientes, por un lado, y por el otro en que ya debe entregar los documentos definitivos a los que se acogieron a este régimen especial.
“Si el Estado aplica los convenios de contratación resuelve el problema de documentación del grupo A, porque confirma de que los padres son regulares, ya que los acuerdos tienen rango constitucional; y resuelven el problema del Grupo B, porque se demuestra que nacieron aquí y son dominicanos nacidos legalmente”, apunta.
Recuerda que “los cañeros llegaron de forma regular y han permanecido regular, y que esos convenios establecen que el Estado los dotaría de un permiso de residencia y una cédula para extranjeros, así como un carnet migratorio”.
Pone como ejemplo de esto que en septiembre de 2014 elevó ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo a favor de 2,709 trabajadores haitianos que llegaron bajo los convenios citados, lo que provocó que el entonces director general de Migración, general Rubén Paulino Sem, emitiera la resolución DGM-042015, otorgando la residencia dominicana a esos trabajadores.
Por el otro lado están las personas que se les expidieron sus carnets como migrantes regularizados, entre ellos los del Grupo B.
Los extranjeros regularizados están en la etapa de adquirir la cédula para extranjeros para luego naturalizarse, pero esto choca con la Ley de Naturalización, que no prevé la naturalización para un conglomerado, sino que lo hace para personas, y tiene sus propios requisitos.
“Uno de los requisitos es tener un pasaporte del país donde es originario, y el Estado dominicano no se lo da porque dice que son extranjeros. El Estado tiene el tranque de que para nacionalizarlos a ellos deben tener un pasaporte de donde nacieron, y el Estado no sabe cómo enganchar a este grupo con la ley ordinaria. En ese sentido, esta situación coloca a esos inmigrantes en condición de apatridia, porque el Estado dominicano le niega el pasaporte y el haitiano también”, precisa.
Extender el plazo
Para los abogados Genaro Rincón y Evarista Rodríguez ante el vencimiento del último plazo, y debido a los errores en que ha caído el Estado en la aplicación del PNRE, lo recomendable es que se extienda el periodo.
Las extensiones de los plazos vencen este mes
Atendiendo al pedido de instituciones nacionales e internacionales, el viernes 31 de octubre de 2015 el Presidente Medina promulgó la Ley 520-14, que extiende el plazo para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional no figuran inscritos en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la Ley y su Reglamento de Aplicación. Igualmente pasó un año después, y el martes 12 de julio de 2016, el Gobierno extendió por un año el permiso de permanencia en el país a los inmigrantes que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que fueron carnetizados y que por diversos motivos no pudieron completar la documentación. Los plazos vencen este mes.
Expertos
El plan de regularización no es acorde con la ley de naturalizaación vigente y eso tiene al gobierno entrampado”
Genaro Rincón
Abogado
La regularización no ha cumplido con lo esperado, y se hace necesario la extensión de un nuevo plazo”
Evarista Rodríguez
Abogada
De los 238,000 extranjeros haitianos que se acogieron al plan de regularización, en el último plazo otorgado en 2015 sólo esos 143,000 tenían el carnet que se vencía el 17 de julio.
Sin embargo, ante la Junta Central Electoral (JCE) solo inscribieron unos 53,000 nacionales haitianos que se acogieron al PNRE, pero de esos la JCE solamente ha podido identificar a 15,000.
En el Grupo B, ante la JCE se registraron unas 8,000 personas a fin de poder naturalizarse, y de esos solo 4,500 reunieron todos los requisitos.
Es de recordar que el PNRE es un régimen especial para dotar de documento de identidad y permiso de residencia a nacionales extranjeros que no estaban residiendo legalmente en la República Dominicana.
Actualmente hay una gran cantidad de migrantes que no se le ha expedido el carnet, ya que algunos no completaron el expediente en el plazo establecido por el decreto 327, mientras a otros se les ha comunicado que, a pesar de que aplicaron de forma correcta, sus documentos se han extraviado y esas personas no han podido adquirirlos en original.
Otro grupo al que se le expidieron carnets no ha podido ser ubicado por las autoridades, mientras otros solo tienen un sello en sus pasaportes, cuyo plazo de vigencia vence entre junio y julio.
Es el caso de Julio Wilson Tiburcio, Cleotilde Seuberán, residentes en el Pequeño Haití, en la ciudad de Santo Domingo, quienes no esconden su temor de qué pasará con ellos. Y lo mismo externaron otros residentes en el sector, donde la mayoría de los trabajadores informales son haitianos.
De acuerdo con la abogada de derechos humanos Evarista Rodríguez, los problemas surgidos con este grupo se debe a que el Estado erró en la forma en cómo se aplicó el plan, ya que los requisitos que impuso eran casi imposibles para los migrantes, como son la parte económica, que algunos no calificaban y no podían cumplir.
En este aspecto coincide con Genaro Rincón, abogado de Juliana Deguis y las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cof, quien observa que el Estado no hizo un empadronamiento de los trabajadores migrantes haitianos región por región, es decir, ir casa por casa para empadronar a todos los grupos, y así hubiera sido más efectivo, ya que las informaciones se procesarían por región y se harían en las gobernaciones para gestionar sus carnets.
Grupo B
En el caso del Grupo B los abogados Rodríguez y Rincón observan que el Estado está entrampado en cómo resolver la situación migratoria de los hijos de haitianos o extranjeros nacidos en el país.
En el régimen especial creado para el Grupo B, que son hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano e inscritos irregularmente en el Registro Civil, aplicaron unas 8,000 personas a fin de poder naturalizarse, y de esos solo 4,500 reunieron todos los requisitos, lo que coloca en situación de vulnerabilidad a los restantes 3,500.
Otros pertenecientes a este grupo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sencillamente se resisten a inscribirse en el libro de Extranjería de la JCE debido a que entienden que eso significa negarse a ellos mismos la condición de dominicanos por nacimiento.
El Estado entrampado
Para Genaro Rincón, el entrampamiento del Estado dominicano con respecto al Grupo B radica en que una vez se reconozca los derechos de los cañeros hay que reconocer la legitimidad de sus descendientes, por un lado, y por el otro en que ya debe entregar los documentos definitivos a los que se acogieron a este régimen especial.
“Si el Estado aplica los convenios de contratación resuelve el problema de documentación del grupo A, porque confirma de que los padres son regulares, ya que los acuerdos tienen rango constitucional; y resuelven el problema del Grupo B, porque se demuestra que nacieron aquí y son dominicanos nacidos legalmente”, apunta.
Recuerda que “los cañeros llegaron de forma regular y han permanecido regular, y que esos convenios establecen que el Estado los dotaría de un permiso de residencia y una cédula para extranjeros, así como un carnet migratorio”.
Pone como ejemplo de esto que en septiembre de 2014 elevó ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo a favor de 2,709 trabajadores haitianos que llegaron bajo los convenios citados, lo que provocó que el entonces director general de Migración, general Rubén Paulino Sem, emitiera la resolución DGM-042015, otorgando la residencia dominicana a esos trabajadores.
Por el otro lado están las personas que se les expidieron sus carnets como migrantes regularizados, entre ellos los del Grupo B.
Los extranjeros regularizados están en la etapa de adquirir la cédula para extranjeros para luego naturalizarse, pero esto choca con la Ley de Naturalización, que no prevé la naturalización para un conglomerado, sino que lo hace para personas, y tiene sus propios requisitos.
“Uno de los requisitos es tener un pasaporte del país donde es originario, y el Estado dominicano no se lo da porque dice que son extranjeros. El Estado tiene el tranque de que para nacionalizarlos a ellos deben tener un pasaporte de donde nacieron, y el Estado no sabe cómo enganchar a este grupo con la ley ordinaria. En ese sentido, esta situación coloca a esos inmigrantes en condición de apatridia, porque el Estado dominicano le niega el pasaporte y el haitiano también”, precisa.
Extender el plazo
Para los abogados Genaro Rincón y Evarista Rodríguez ante el vencimiento del último plazo, y debido a los errores en que ha caído el Estado en la aplicación del PNRE, lo recomendable es que se extienda el periodo.
Las extensiones de los plazos vencen este mes
Atendiendo al pedido de instituciones nacionales e internacionales, el viernes 31 de octubre de 2015 el Presidente Medina promulgó la Ley 520-14, que extiende el plazo para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional no figuran inscritos en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la Ley y su Reglamento de Aplicación. Igualmente pasó un año después, y el martes 12 de julio de 2016, el Gobierno extendió por un año el permiso de permanencia en el país a los inmigrantes que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que fueron carnetizados y que por diversos motivos no pudieron completar la documentación. Los plazos vencen este mes.
Expertos
El plan de regularización no es acorde con la ley de naturalizaación vigente y eso tiene al gobierno entrampado”
Genaro Rincón
Abogado
La regularización no ha cumplido con lo esperado, y se hace necesario la extensión de un nuevo plazo”
Evarista Rodríguez
Abogada
(Fuente: elcaribe.com.do)
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