WASHINGTON. Como senador, Jeff Sessions se convirtió en el principal defensor en el Congreso de combatir no sólo la inmigración irregular, sino también de reducir toda clase de inmigración, aumentar las deportaciones masivas e investigar más a fondo a los que entran en Estados Unidos. Como secretario de Justicia, estará bien posicionado para hacer de esas ideas una realidad.
Las leyes de inmigración son aplicadas por otras agencias, pero el Departamento de Justicia juega un papel clave al establecer las normas y bases legales que dan forma al sistema. Y si Donald Trump se atiene a sus promesas electorales, la inmigración será una prioridad de su gobierno.
Como responsable de las fuerzas de seguridad del país, Sessions podría ejecutar maniobras para limitar las nacionalidades de refugiados aceptadas en Estados Unidos y revocar una política federal que protege a los jóvenes de la deportación.
“El presidente tiene el poder claro de suspender la inmigración para proteger a Estados Unidos”, dijo Sessions durante la convención republicana, hablando sobre la amenaza del terrorismo y la necesidad de investigar más a los refugiados.
El republicano, que está en su cuarto mandato como senador por Alabama, fue el primer senador en apoyar la candidatura de Trump y ayudó a dar forma a sus posiciones en inmigración. Está a favor de limitar el número de refugiados que llegan a Estados Unidos y de rechazar a los menores que llegan solos a la frontera y que tratan de reunirse con familiares que viven en el país.
El secretario de justicia puede ordenar a los fiscales federales que aumenten el número de casos presentados contra inmigrantes atrapados cruzando la frontera, orientar las opiniones legales para defender acciones ejecutivas, priorizar la contratación de más jueces para tribunales migratorios, revocar decisiones clave de un comité federal de apelaciones migratorias y llevar a los tribunales la legalidad de las políticas migratorias de los estados.
“El secretario de Justicia tiene mucho poder cuando se trata de la inmigración”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de Cornell. “Tiene un puesto en la mesa cuando se toman las decisiones importantes”.
Una de las opiniones legales más importantes sobre inmigración que ha emitido el Departamento de Justicia en los últimos ocho años defendía la política del gobierno de Obama de proteger formalmente de la deportación a los migrantes que llegaron a Estados Unidos de niños. Esta política también les permite trabajar en el país.
Fustigó a los dominicanos durante sesión
Sessions, durante una sesión senatorial en Washington, en un debate sobre la reforma migratoria, a la que se opuso radicalmente, se refirió a la “carga” que representan los inmigrantes latinoamericanos para los gobiernos norteamericanos y citó como ejemplo a los dominicanos, de quienes dijo “ellos no aportan ningún beneficio a la nación”.
“Casi ninguno de los dominicanos que vienen al país, tiene alguna destreza laboral o profesional ni beneficiosa para la nación”, sostuvo el legislador ultraconservador.
Aseguró que los dominicanos regularmente viajan a Estados Unidos por “algún miembro de la familia, o de una relación probablemente falsa”.
“Gran parte de los dominicanos se casan fraudulentamente para legalizar su estatus en Estados Unidos”, sostuvo.
Sessions y otros legisladores republicanos han descrito esa estrategia como una “amnistía por la puerta de atrás”. El gobierno de Trump puede rescindir la política que protege a estos jóvenes inmigrantes, y como secretario de Justicia Sessions puede prestar asesoría legal para defender las acciones de Trump, lo que podría poner a 700.000 personas en peligro de deportación.
“Pequeños gestos ahí pueden tener grandes implicaciones en todo el país”, dijo Víctor Cerda, exfiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, que dirigió el Servicio de inmigración y Naturalización tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La agencia se convirtió después en parte del recién creado Departamento de Seguridad Nacional.
La Oficina de Litigios de Inmigración, parte de la división civil del Departamento de Justicia, es la fuerza que impulsa la lucha contra medidas migratorias como la histórica campaña en Arizona que requería que los migrantes llevaran siempre una identificación y que invitaba a la discriminación contra los latinos. El Departamento de Justicia demandó al estado, al igual que grupos de defensa de los migrantes, y ganó.
Dadas las opiniones de Sessions y Trump sobre inmigración, es improbable que utilicen el departamento para combatir esa clase de leyes estatales.
“Los tribunales siempre han prestado mucha más atención cuando Estados Unidos es una de las partes”, dijo Bill Hing, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de San Francisco y director de su centro de defensa de deportación e inmigración.
Se preparan para combatir solos
Los activistas promigrantes se están preparando para combatir solos.
“Las organizaciones privadas van a tener que depender de sus propios recursos para librar esta clase de casos”, dijo Thomas Saenz, presidente y asesor general del Mexican American Legal Defense and Educational Fund.
El Departamento de Justicia también incluye el sistema de tribunales migratorios, que lleva años con una penosa falta de personal y ha acumulado más de 500.000 casos pendientes. Las personas afectadas por esos casos pueden esperar años hasta tener una decisión final. El secretario de Justicia podría pedir al Congreso un aumento significativo en los fondos para dotar de personal a los tribunales y reducir el trabajo atrasado.
También la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es la última parada del sistema legal migratorio para apelar la decisión de un juez, depende del Departamento de Justicia. El fiscal general es responsable de nombrar a los 17 miembros de esa Junta y puede revocar una decisión, que después puede apelarse en una corte federal. Las decisiones de la junta tienen muchas consecuencias y las aplican jueces de todo el país, señaló Cerda.
Además, el secretario de Justicia puede influir en las subvenciones que emite cada año el Departamento para una serie de programas de seguridad a nivel estatal y local. Sessions ha criticado al gobierno por no reducir los fondos a ciudades y jurisdicciones que se niegan a cooperar o a aplicar las leyes migratorias. Como secretario de Justicia, podría hacer esos recortes.
“Durante 40 años, ningún presidente ni secretario de Justicia ha dado una gran prioridad a aplicar nuestras leyes migratorias”, dijo Sessiones en 2007. Si sus colegas del Senado confirman su nombramiento, él podría cambiar eso.
Las leyes de inmigración son aplicadas por otras agencias, pero el Departamento de Justicia juega un papel clave al establecer las normas y bases legales que dan forma al sistema. Y si Donald Trump se atiene a sus promesas electorales, la inmigración será una prioridad de su gobierno.
Como responsable de las fuerzas de seguridad del país, Sessions podría ejecutar maniobras para limitar las nacionalidades de refugiados aceptadas en Estados Unidos y revocar una política federal que protege a los jóvenes de la deportación.
“El presidente tiene el poder claro de suspender la inmigración para proteger a Estados Unidos”, dijo Sessions durante la convención republicana, hablando sobre la amenaza del terrorismo y la necesidad de investigar más a los refugiados.
El republicano, que está en su cuarto mandato como senador por Alabama, fue el primer senador en apoyar la candidatura de Trump y ayudó a dar forma a sus posiciones en inmigración. Está a favor de limitar el número de refugiados que llegan a Estados Unidos y de rechazar a los menores que llegan solos a la frontera y que tratan de reunirse con familiares que viven en el país.
El secretario de justicia puede ordenar a los fiscales federales que aumenten el número de casos presentados contra inmigrantes atrapados cruzando la frontera, orientar las opiniones legales para defender acciones ejecutivas, priorizar la contratación de más jueces para tribunales migratorios, revocar decisiones clave de un comité federal de apelaciones migratorias y llevar a los tribunales la legalidad de las políticas migratorias de los estados.
“El secretario de Justicia tiene mucho poder cuando se trata de la inmigración”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de Cornell. “Tiene un puesto en la mesa cuando se toman las decisiones importantes”.
Una de las opiniones legales más importantes sobre inmigración que ha emitido el Departamento de Justicia en los últimos ocho años defendía la política del gobierno de Obama de proteger formalmente de la deportación a los migrantes que llegaron a Estados Unidos de niños. Esta política también les permite trabajar en el país.
Fustigó a los dominicanos durante sesión
Sessions, durante una sesión senatorial en Washington, en un debate sobre la reforma migratoria, a la que se opuso radicalmente, se refirió a la “carga” que representan los inmigrantes latinoamericanos para los gobiernos norteamericanos y citó como ejemplo a los dominicanos, de quienes dijo “ellos no aportan ningún beneficio a la nación”.
“Casi ninguno de los dominicanos que vienen al país, tiene alguna destreza laboral o profesional ni beneficiosa para la nación”, sostuvo el legislador ultraconservador.
Aseguró que los dominicanos regularmente viajan a Estados Unidos por “algún miembro de la familia, o de una relación probablemente falsa”.
“Gran parte de los dominicanos se casan fraudulentamente para legalizar su estatus en Estados Unidos”, sostuvo.
Sessions y otros legisladores republicanos han descrito esa estrategia como una “amnistía por la puerta de atrás”. El gobierno de Trump puede rescindir la política que protege a estos jóvenes inmigrantes, y como secretario de Justicia Sessions puede prestar asesoría legal para defender las acciones de Trump, lo que podría poner a 700.000 personas en peligro de deportación.
“Pequeños gestos ahí pueden tener grandes implicaciones en todo el país”, dijo Víctor Cerda, exfiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, que dirigió el Servicio de inmigración y Naturalización tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La agencia se convirtió después en parte del recién creado Departamento de Seguridad Nacional.
La Oficina de Litigios de Inmigración, parte de la división civil del Departamento de Justicia, es la fuerza que impulsa la lucha contra medidas migratorias como la histórica campaña en Arizona que requería que los migrantes llevaran siempre una identificación y que invitaba a la discriminación contra los latinos. El Departamento de Justicia demandó al estado, al igual que grupos de defensa de los migrantes, y ganó.
Dadas las opiniones de Sessions y Trump sobre inmigración, es improbable que utilicen el departamento para combatir esa clase de leyes estatales.
“Los tribunales siempre han prestado mucha más atención cuando Estados Unidos es una de las partes”, dijo Bill Hing, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de San Francisco y director de su centro de defensa de deportación e inmigración.
Se preparan para combatir solos
Los activistas promigrantes se están preparando para combatir solos.
“Las organizaciones privadas van a tener que depender de sus propios recursos para librar esta clase de casos”, dijo Thomas Saenz, presidente y asesor general del Mexican American Legal Defense and Educational Fund.
El Departamento de Justicia también incluye el sistema de tribunales migratorios, que lleva años con una penosa falta de personal y ha acumulado más de 500.000 casos pendientes. Las personas afectadas por esos casos pueden esperar años hasta tener una decisión final. El secretario de Justicia podría pedir al Congreso un aumento significativo en los fondos para dotar de personal a los tribunales y reducir el trabajo atrasado.
También la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es la última parada del sistema legal migratorio para apelar la decisión de un juez, depende del Departamento de Justicia. El fiscal general es responsable de nombrar a los 17 miembros de esa Junta y puede revocar una decisión, que después puede apelarse en una corte federal. Las decisiones de la junta tienen muchas consecuencias y las aplican jueces de todo el país, señaló Cerda.
Además, el secretario de Justicia puede influir en las subvenciones que emite cada año el Departamento para una serie de programas de seguridad a nivel estatal y local. Sessions ha criticado al gobierno por no reducir los fondos a ciudades y jurisdicciones que se niegan a cooperar o a aplicar las leyes migratorias. Como secretario de Justicia, podría hacer esos recortes.
“Durante 40 años, ningún presidente ni secretario de Justicia ha dado una gran prioridad a aplicar nuestras leyes migratorias”, dijo Sessiones en 2007. Si sus colegas del Senado confirman su nombramiento, él podría cambiar eso.
AP
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