La defensa de Rousseff insiste en que el proceso es "nulo" y está "viciado"

Brasilia (EFE)-. El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, insistió hoy en que el proceso que determinará si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa".

Cardozo representó a la mandataria frente a una comisión parlamentaria que analiza un informe que recomienda proseguir con el proceso hacia un juicio político contra Rousseff, que se prevé que sea votado hoy mismo por los 65 diputados que integran ese grupo.

"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".

El abogado general sostuvo que "el proceso es nulo por vicios que caracterizan hasta el recibimiento de la denuncia", en diciembre pasado, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva esa potestad.

Cardozo insistió en que Cunha, un declarado adversario de la presidenta y quien está procesado por supuesta corrupción en la Corte Suprema, actuó por "mera venganza".

Cunha aceptó a trámite el proceso en diciembre pasado, después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidió apoyar un juicio con miras a su destitución de la presidencia de la Cámara baja, lo cual, según Cardozo, fue la "espoleta" para la aceptación de la denuncia contra Rousseff.

Cardozo volvió a descalificar el informe elaborado por el instructor de la comisión, Jovair Arantes, quien consideró que hay méritos jurídicos para avanzar hacia un juicio político contra la mandataria.

"Tengo absoluta convicción que la lectura desapasionada de este informe es la mejor pieza de defensa", pues el documento contiene "equivocaciones conceptuales" y un "latente deseo político de llegar a la destitución", manifestó.

Cardozo negó que las maniobras fiscales y la supuesta violación de la ley de presupuestos en que se apoya la acusación tengan base legal y dijo que son producto de "una fantasiosa interpretación" guiada por la "intención política" de "derrumbar a la presidenta".

También afirmó que el proceso está "viciado" por lo que calificó de "transgresión", "ofensa" y "una violación del derecho a la debida defensa", que identificó en el hecho de que el informe de Arantes cita "cuestiones totalmente ajenas a la acusación".

Entre ellas, mencionó diversas alusiones a los escándalos que se investigan en la estatal Petrobras, por los que no existe "ninguna acusación" o "sospecha" contra Rousseff, puntualizó.

Antes que el abogado general intervino el diputado instructor, quien insistió en que, según su opinión, las denuncias contra la mandataria "son de una elevada gravedad" y deben llevar a un juicio político.

Tanto Arantes como Cardozo fueron interrumpidos por momentos por unas acaloradas discusiones de parlamentarios del oficialismo y la oposición, que si bien fueron encendidas no pasaron de insultos y alboroto.

Todas las proyecciones de la prensa local y los analistas dicen que el informe de Arantes será aprobado en la comisión, por lo que el proceso debería proseguir en el plenario de la Cámara baja.

En esa instancia, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.

No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas.

En caso de que el proceso sea respaldado en la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.

Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.

El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno y quien también está amenazado por un eventual juicio político.