Corte ratifica prisión contra jueces Awilda y Arias Valera por haber peligro de fuga

Dos jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional bajaron de estrado para abrazar a la suspendida jueza Awilda Reyes y al exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quienes les impusieron tres meses de prisión preventiva.

Luis Jiménez Rosa y Rosalba Garib Holguín vestidos con su toga y birrete caminaron hasta el lugar en donde se encontraban los procesados por soborno, asociación de malhechores y lavado de activo, los cuales esperaban que concluyeran las audiencias en el tribunal para que el juez de la Instrucción especial de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, quien a su vez es presidente de la segunda sala, diera lectura íntegra a la sentencia que los envía por tres meses a Najayo.

Lectura
A las 11:20 de la mañana se inició la lectura de la decisión adoptada en la madrugada del 17 de diciembre. Ramón Horacio para dictar prisión preventiva a los procesados consideró que por la gravedad de los hechos que se les imputa, el peligro de fuga fue evidenciado, ya que de ser hallados culpables podrían enfrentar condenas privativas de libertad.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 17 de marzo del 2016 a las 10:00 a.m. Se dispuso que las celdas en las que deben permanecer los prevenidos, en Najayo Hombres y Mujeres, sea un espacio donde su dignidad e integridad física no corran peligro, en razón de que en el ejercicio de sus funciones de seguro enviaron a estamentos de reclusión a imputados a los cuales les tocó juzgar.

De igual modo, se tomó en consideración que Arias Valera, al momento de hacer su defensa material, declaró que renunció como un derecho que le asiste y porque le sacaron el recibo en donde Awilda Reyes le devuelve 350 mil pesos que él le había dado como adelanto para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand Erinson de los Santos Solís.

“Existe el peligro de fuga basado en la gravedad de los hechos que se les imputan, el daño causado a la sociedad, pues, se trata de un hecho gravísimo que ha minado las bases del sistema de justicia en la República Dominicana; ha convulsionado de manera catastrófica el Poder Judicial del País; que ha perturbado de manera profunda la conciencia de la sociedad dominicana”, argumentó. 

(Fuente: elcaribe.com.do)