El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, depositó hoy un proyecto de ley que busca modificar la Ley 112-00 del 16 de noviembre de año 2000, mediante el cual se le transferiría la facultad del Ministerio de Industria y Comercio para fijar los precios de los carburantes a un Consejo de Fijación de Precios de Combustibles.
Este consejo estaría integrado por cinco miembros, del cual formarían parte, además de Industria y Comercio, el Ministerio de Energía y Minas, la Refinería Dominicana de Petróleo, la Dirección de Pro-Consumidor y el Defensor del Pueblo.
El proyecto de ley establece también la obligación por parte del Consejo de Fijación de Precios de Combustibles de publicar las resoluciones que establecen la base de cálculo de los precios de los combustibles y los montos de los impuestos establecidos, previendo infracciones de tipo penal contra los funcionarios que violen las disposiciones de dicha ley, que serían pasibles de ser condenados a penas de prisión correccional de tres meses a dos años, señala una nota del legislador.
El proyecto de ley establece en uno de sus considerandos que es necesario fortalecer institucionalmente el mecanismo de fijación de precios de venta de los diferentes combustibles, de forma tal que los consumidores y la sociedad dominicana tengan la seguridad de que el precio fijado responde fielmente a la aplicación de la Ley 112-00 y el método de cálculo establecido por ella, incluyendo el componente de los diferentes impuestos que gravan los mismos.
Este consejo estaría integrado por cinco miembros, del cual formarían parte, además de Industria y Comercio, el Ministerio de Energía y Minas, la Refinería Dominicana de Petróleo, la Dirección de Pro-Consumidor y el Defensor del Pueblo.
El proyecto de ley establece también la obligación por parte del Consejo de Fijación de Precios de Combustibles de publicar las resoluciones que establecen la base de cálculo de los precios de los combustibles y los montos de los impuestos establecidos, previendo infracciones de tipo penal contra los funcionarios que violen las disposiciones de dicha ley, que serían pasibles de ser condenados a penas de prisión correccional de tres meses a dos años, señala una nota del legislador.
El proyecto de ley establece en uno de sus considerandos que es necesario fortalecer institucionalmente el mecanismo de fijación de precios de venta de los diferentes combustibles, de forma tal que los consumidores y la sociedad dominicana tengan la seguridad de que el precio fijado responde fielmente a la aplicación de la Ley 112-00 y el método de cálculo establecido por ella, incluyendo el componente de los diferentes impuestos que gravan los mismos.
(Fuente: elcaribe.com.do)
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