El Salvador niega aborto terapéutico a joven con riesgo de morir

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desestimó el miércoles la demanda de amparo en favor de Beatriz, una joven que padece lupus y está embarazada, y que solicitó la autorización para que le practiquen un aborto terapéutico.

El fallo se emitió con el voto de tres de los cinco magistrados. Uno emitió un voto concurrente, es decir, que comparte la decisión final pero no los argumentos, y el otro magistrado emitió un voto disidente.

El ministerio de Salud y defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales respaldaban que se autorizara el aborto terapéutico para Beatriz, que, aseguran, podría salvar su vida.

Los abogados de Beatriz, nombre con el que la han identificado, pretendían que la Sala avalara una intervención médica para interrumpir el embarazo, tomando en cuenta que la joven padece lupus y otras complicaciones de salud, que aseguran, amenazan su vida.

Pero los magistrados, rechazaron la tesis de que en virtud de que la ley penal salvadoreña no permite ni siquiera el aborto por razones terapéuticas, se viola el derecho a la vida y a la salud de Beatriz.

A petición de la Sala, el estatal Instituto de Medicina Legal realizó un peritaje físico y psicológico y concluyó que las enfermedades que tiene Beatriz están bajo control y recomendó continuar el embarazo.

Según los magistrados que firmaron el fallo, la amenaza a la vida o a la salud de la joven es algo eventual, no inminente, sino una posibilidad a futuro.

En su fallo, la Sala sostiene que "conforme al artículo uno inciso segundo de la Constitución - que protege la vida humana desde el momento de la concepción -, existe impedimento para autorizar la práctica de un aborto".

"Además, que los médicos deben de asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del producto de la concepción", agrega.

Beatriz presentó un recurso de amparo a la Sala y pidió el aval para que se le realizara un aborto terapéutico, debido a que la legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico.

Pero los médicos que la atienden han declarado que la mujer podría morir si continúa con el embarazo, pero no le han proporcionado el tratamiento que necesita, ya que temen que si interrumpen el embarazo podrían ser procesados bajo las estrictas leyes que penalizan el aborto en El Salvador.

La joven de 22 años, y con 24 semanas de embarazo, padece lupus e insuficiencia renal, y una ultrasonografía reveló que el bebé se ha formado sin cerebro, por lo que las posibilidades de vida al nacer son imposibles.

La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez dijo que una ultrasonografía reveló que el bebé se ha formado sin cerebro, por lo que las posibilidades de vida al nacer son imposibles, señaló la funcionaria.

De acuerdo con el informe del comité médico del Hospital de Maternidad donde Beatriz es tratada, se considera que es necesaria la finalización del embarazo.

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, unieron sus vocees para proteger el derecho a la vida de la joven que necesita el aborto terapéutico, pero no fueron escuchadas por la Sala.

Por otro lado, la organización conservadora Si a la Vida, que se opone a todo tipo de aborto y que es respaldada por líderes religiosos, formuló llamados para que Beatriz para que siga con su proceso de embarazo, ya que consideran que el proceso debe finalizar con el nacimiento del bebé.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto Beatriz como los médicos serian capturados y juzgados en los tribunales de justicia y de encontrarlos culpables podría ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.

Pero también se han dado casos en que la Fiscalía General de la República acusa a las madres por homicidio, por lo que pueden ser condenadas hasta con 30 años de cárcel.