25 de julio de 2016

Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces

Los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, investigados por presuntamente pertenecer a una red dedicada a la negociación de sentencias, fueron destituidos de sus cargos, a través de una decisión del Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Los juristas fueron hallados culpables de la violación de la Ley sobre Carrera Judicial; así como los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial y en el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

El CPJ informó a través de una nota de prensa que la decisión fue remitida al Ministerio Público, junto al expediente, para los fines que estime pertinente, “debido a que esta jurisdicción considera que el proceso disciplinario evidenció hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los hoy disciplinariamente sancionados”, explica.


Les comprobaron faltas graves

Los integrantes del CPJ, encabezados por el presidente del organismo Mariano Germán Mejía, luego de estudiar los alegatos y las piezas contentivas del expediente en contra de los jueces destituidos, comprobaron que éstos “incurrieron en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable y hechos contrarios a la ética, lo cual justifica que sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial”.

El organismo declaró buenas y válidas, en cuanto a la forma, las denuncias para apertura a juicio disciplinario, formuladas por ante el CPJ por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

La decisión fue refrendada por el titular del CPJ y los consejeros Víctor Castellanos Estrella, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.

Hay cinco integrantes del PJ implicados en la red

La denuncia sobre la actuación de los jueces y la existencia de una red dedicada a manipular procesos judiciales, a favor de personas ligadas al crimen organizado, fue presentada por la Procuraduría General de la República en noviembre de 2015 y en ella se incluyó al exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, y a la magistrada suspendida Awilda Reyes Beltré.
 (Fuente: elcaribe.com.do)